Es un secreto a voces que los tribunales del país no toman decisión alguna sin consultar previamente al funcionario que representa, en los procedimientos arbitrarios del Estado Tirano, a la máxima expresión de la ilegalidad: el Presidente de la República. “…las actuaciones de los tribunales serían, como es costumbre en Venezuela para todos los actos del Poder Judicial, rigurosamente controladas por el Ejecutivo”, lo ratifican fallos de jueces del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, que integrarían elementos dúctiles del Poder Judicial, quedando el régimen tan satisfecho de la sumisión de éstos, que les ha confiado a algunos de ellos magistraturas en “el más alto Tribunal de la República y el más venal”*.
Los momentos de linchamiento judicial en los tribunales del estado Aragua, son afiebradamente presentados en el marco de la política del miedo y el terror. En las minas, a los maleantes sumisos, “buenos para nada”, los mandan “a echar hacha y machete”, a deforestar, para agradar a su pranes les ha dado por picar gente, valiéndoles eso para un ascenso. En Aragua, ascenderían jueces y fiscales que se ponen a despedazar opositores, abatiendo ruidosamente a sus víctimas, al pie de “la letra” -“que le ponen sus pranes”– u “orden de arriba”, ello sería el aval para ascender, como habría pasado con Luisa Ortega Díaz, Marjorie Calderón Guerrero, Juan Luis Ibarra, Roberto Acosta Garrido y Luis Verde Coronado; Francisco Coggiola Medina, tras la fuga de Aponte Aponte experimentaría un descenso.
Se ha dicho, Marjorie Calderón Guerrero, Juan Luis Ibarra, Francisco Coggiola Medina, Alfredo Germán Baptista, Domingo Antonio Durán, Fabiola Colmenarez, María Alejandra Silva, Francisco Ramón Motta, Julio Urdaneta, Iris Araujo Francés, Mary Carmen Amarista, Luisa Ortega Díaz, Turcy Simancas, Sonia Busznego, Haifa Aissami Madah, Roberto Acosta Garrido, Luis Verde Coronado, Cedrys Palencia y Yajaira Calderine, son “sicarios”, “mercenarios”, calificativos vertidos ante la opinión pública sugiriendo una tendencia homicida o criminal en tales burócratas, ello explicaría el por qué ocupan voluntariamente el puesto de verdugos, dando muestras de estar en una zona de confort, pondrían de relieve solo sumisión y degradación humana.
Esos jueces, fiscales y defensores públicos creerían, que cuando imponen sentencias a opositores del régimen, como hicieron Luis Verde Coronado, Julio Urdaneta e Iris Araujo Francés con Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado (El Gato de Aragua) por inspirar una nueva confianza en el ánimo de la gente, pueden botarlas, para conjurar la retaliación política a la que dan vida. Decir que eso es denegación de justicia es darles un status político que realmente no tienen, son vulgares ejecuciones, obra de la devoción servil, conjugada con desfachatez e impunidad. Sacan decisiones adversas, al estilo de Juan Luis Ibarra ratificando la sentencia condenatoria a Raúl Baduel y Alexander Tirado, con la celeridad con que a un malandro se le ilumina de repente su 9 milímetro en la mano, es entonces cuando se esfuerzan en aparentar la fuerte circunspección, terminando lo interminable.
Jueces, fiscales y defensores públicos en Aragua, serían “unos diablos de dañinos”, “gente de ninguna valía”. Vivirían cómodos bajo el mando despótico del finado. Éste habría sido el cabecilla y maestro que llevó al goce de la mala fama a los sumisos. Pero ahora, estando allí muerto, deja de ofrecer seguridad, sin embargo, guardan acatamiento al ilegitimo, conviene, poner urgencia en la maldad de destrozar la vida de contendientes inocentes. A nadie engañan. Saben el hasta qué punto, lo que están haciendo. Luego. Sólo aparentan ir por partes, nada de apurados, tal es su no rapidez para aniquilar a la oposición.
*Hasta aquí, los enunciados en cursivas, fueron extraídos del libro Prisiones de Venezuela a la muerte de Juan Vicente Gómez 1935.
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