La ciudad está devastada. El último estudio de la encuestadora Varianzas nos indica que la mitad de los caraqueños -la ciudad más abastecida de toda Venezuela- come dos veces o menos, al día. Una abominable situación de terribles consecuencias.
Bajo la guía del “Plan de la Patria”, el Gobierno sigue su marcha hacia la devastación total. Sigue el empeño en imponer un demencial modelo económico que nos hunde en la pobreza y en el atraso. El hambre que azota a los venezolanos no se debe a la crisis mundial ni a una guerra ni mucho menos a una calamidad natural, se debe al Plan de la Patria y al nefasto Socialismo del Siglo XXI, que impone un modelo fracasado de absoluto control burocrático sobre las vidas de los venezolanos.
Los niños y los ancianos, las principales víctimas, comienzan a mostrar signos terribles. Para los primeros, se paraliza todo su crecimiento físico y neurológico afectando a toda una generación y comprometiendo el futuro del país. Los segundos, nuestros abuelos, sufren el rigor del hambre junto a la escasez de medicinas, acelerando la presencia de enfermedades degenerativas. Toda una hecatombe social. Pero, el Gobierno continúa su ejemplar marcha hacia el desastre, sin que le duela este cuadro dantesco.
En vez de generar un radical cambio económico, la nueva ocurrencia de la mal llamada revolución es el llamado “Carnet de la Patria”, un nuevo mecanismo de control político que pretende someter a los ciudadanos al chantaje y a la humillación, es decir, tratar de controlar a todo un país jugando el hambre que generaron después de 17 años de despilfarro y corrupción.
Este instrumento, cuya intención y precedente tiene el mismo tufo de la “Lista Tascón”, lo sacan en paralelo a la convocatoria de renovación de los partidos políticos por parte del CNE y de los posibles llamados a cualquier mecanismo de activación electoral por medio de firmas.
La olla de presión está ahí. Día a día le suben el fuego a un desastre social sin precedentes. La ciudad más violenta del continente tiene hambre y ese cóctel no trae nada bueno. Un estallido social no beneficia a nadie y sumirá al país en un estado de absoluta anarquía, mucho peor al que vivimos hoy.
La solución es la salida electoral, comenzar a abrir paso al voto para evitar un mal mayor. La convocatoria de elecciones regionales y municipales no requiere ni de firmas ni de una especial convocatoria, es una obligación constitucional. ¿Qué esperan? La olla de presión está por reventar.