Universal e históricamente, a la institución parlamentaria la explica una lucha tenaz por su supervivencia, no es otra que la de una ciudadanía legítimamente representada, frente a las arbitrarias resistencias, abusos y desmanes del aventajado gobierno. El desconocimiento y violación del complejo de inmunidades parlamentarias, llegando a las situaciones más absurdas en Venezuela, adicionalmente nos ilustra el propósito de realizar – como, en efecto, se realiza – un socialismo que convierta a tan importante órgano del Poder Público en una vulgar caricatura, predestinado a desaparecer.
Recientemente, el desconocimiento a las inmunidades que, por cierto, equivalen a sendas responsabilidades parlamentarias de Gilber Caro y Luis Florido, ilustra el cada vez más arriesgado y peligroso, pero necesario, curso que ha tomado la Asamblea Nacional bajo la conducción opositora. Y marca una radical diferencia con los allanamientos de décadas anteriores, incluida la tal destitución administrativa de María Corina Machado en 2014: experiencia distinta a la cancelación real del Congreso en numerosas oportunidades históricas, desde la pretensión de allanar la inmunidad más elemental de Luis Beltrán Prieto Figueroa en 1937, pasando por el que efectivamente se hizo en 1948 luego del trágico estallido de una bomba que aparentemente involucró a Antonio Pulido Villafañe, siendo necesario justificar los que tardíamente afectaron los militantes del PCV y del MIR al principiar los sesenta, reparando los que por enteros delitos ordinarios provocaron los de ochenta y noventa, sumados los antojadizos del siglo siguiente, hoy asistimos a una deliberada, organizada y programada confabulación del Ejecutivo contra todos y cada uno de los diputados.
Las naturales prerrogativas de la cámara que muy bien expresa el complejo de inmunidades, contrastan con los privilegios personales blindados por el llamado antejuicio de mérito que empina el Código de Procedimiento Penal por encima de la misma Constitución de la República, actuando a sus anchas los más altos funcionarios y dirigentes del Ejecutivo a todo nivel. Faltando poco, la decisión de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Nr. 01421 del 15/12/2016), le concede una absoluta e incomprensible independencia a los órganos contralores de la Fuerza Armada Nacional que equiparamos a la más completa protección de los jerarcas corporativos frente a toda eventualidad administrativa, luego del inmenso poder acumulado en la presente centuria.
La anulación del pasaporte del diputado Florido, despojándolo de la identificación personal que le es indispensable para desempeñarse como presidente de la Comisión de Política Exterior, prescindió de todo procedimiento administrativo fundado en los derechos fundamentales que le asisten para portar el documento. Frente a otra documentación secundaria, como la licencia para conducir y el certificado médico, el pasaporte junto a la cédula de identidad laminada constituyen los documentos por excelencia para la identificación que, por cierto, en el caso de la cédula, es una de las más inseguras piezas del mundo, comparada – además – con el mentado, ilegítimo e insustentable Carnet de la Patria.
Jamás el gobierno dará una explicación sensata de sus actos, conformándose Nicolás Maduro con hablar – en tercera persona, todo un síndrome – de algo así como que “Obama se volvió loco contra nosotros porque él no podía aceptar que él se iba y Maduro se quedaba”, olvidando que ha desconocido el derecho al sufragio de los venezolanos. Hay más de irracionalidad que de una básica cordura en el conductor de un régimen en etapa terminal, por lo que corresponderá a la restante humanidad reconstruir no sólo al país, sus instituciones, sino el el propio lenguaje que nos devuelva – arrepentidos – a las realidades que siguen un curso insobornable.
@LuisBarraganJ