El pasado año 2016 cerró como el más turbulento en materia judicial, los ojos del mundo se pusieron en Venezuela ante el irregular manejo de la justicia, el cual ha sido cuestionado por organizaciones mundiales que además han criticado la crisis multifactorial que aqueja a los venezolanos.
Con referencia a esto ya la ONG Human Rights Watch (HRW), había denunciado al principio del régimen que el Poder Judicial de Venezuela “prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al Gobierno” desde que el chavismo y “sus partidarios en la Asamblea Nacional” asumieron “el control político de la Corte Suprema”.
A la ya consuetudinaria anormalidad del Poder Judicial se sumó la llegada de la oposición a la Asamblea Nacional hace un año; lo normal y característico de un país democrático es que los tres Poderes descritos por Montesquieu en el famoso “Espíritu de las Leyes” trabajen por separado demostrando transparencia y justicia en la Nación, cosa que en Venezuela a todas luces no sucede.
Puesto que en Venezuela no existe tal separación, la ilusión opositora de tener voz, contando con la mayoría en el Parlamento, desvaneció cuando el Ejecutivo y el Poder Judicial relegaron al Poder Legislativo, limitando sus funciones y declarándolo en desacato.
No es de extrañar que cada vez menos venezolanos confíen en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por considerar que está sesgado, esto se evidencia en el estudio de Acceso a la Justicia sobre su desempeño, donde se muestra que la confianza en él ha bajado por la gran disminución de casos que recibe respecto a hace 10 años, a pesar de que en los tribunales se han triplicado.
También lo demuestran las sentencias dictadas por la Sala Constitucional, las cuales sólo favorecen las decisiones tomadas por el Ejecutivo, que son aprobadas con gran celeridad, y en contraposición, se observa la ausencia de ecuanimidad del órgano de justicia cuando el Poder Legislativo toma alguna decisión que es inmediatamente desestimada por el máximo órgano judicial del país.
Asimismo, las polémicas declaraciones del fiscal encargado del caso de Leopoldo López, el cual huyó a los Estados Unidos revelando información confidencial, incrementó la tesis de que en Venezuela existen presos por pensar distinto y que el Poder Judicial sirve al Ejecutivo, lo cual elevó aún más la desconfianza en el TSJ mundialmente: este ocupa el último puesto en independencia judicial en el mundo, de 140 países evaluados por el Foro Económico Mundial en su reporte 2015-2016.
Otra crítica al Poder Judicial reside en que menos de la mitad de quienes actualmente ocupan los puestos de magistrados en el TSJ no cumplen con el perfil establecido en la Constitución y en la Ley. Acceso a la Justicia analizó la síntesis curricular de estos funcionarios concluyendo que un 50% no cuenta con los requisitos y tan sólo un 31,25% cumple con estos para ostentar el cargo.
Igualmente grave es que el 73% de los jueces del país no son titulares y no cuentan por tanto con estabilidad alguna.
Crisis económica
Al igual que todos los sectores del país, el Poder Judicial no escapa a la grave crisis económica que atraviesa Venezuela, su presupuesto de 2015 fue exactamente el mismo que en el año 2001 y a pesar de la bonanza petrolera de hace unos años, el número de jueces y tribunales no ha aumentado tampoco en más de 15 años, aunque ha sí se ha incrementado significativamente la demanda de casos que se ha triplicado en el período antes indicado.
Asimismo, el ahorro energético provocó una mayor inactividad de los tribunales generando retraso judicial sobre el cual el Tribunal Supremo de Justicia no ha informado. El Poder Judicial venezolano aparece en este aspecto como uno de los más lentos del mundo como se puede ver en el estudio sobre el Estado de derecho de 2016 de World Project Justice.
Por otra parte, en los recintos carcelarios muchos imputados permanecen sin juicio apresados en sitio improvisados, que el mismo defensor del pueblo, Tareck William Saab rechazó, pidiendo que los 33 mil reclusos hacinados en estaciones policiales del país fueran trasladados a las respectivas cárceles.
El mundo pone sus ojos en Venezuela
Ante la coyuntura del sistema judicial y las irregularidades cometidas durante los últimos años, ha sido inexorable que el mundo voltee su mirada hacia Venezuela; la gran cantidad de presos políticos, contrarios al Gobierno; la falta de reconocimiento al Poder Legislativo, y la fusión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, han provocado que las principales ONG alcen su voz para alertar lo que parece un Estado carente de los elementos democráticos inherentes a él, como lo es la división de Poderes.
Las OLP dispuestas por el Gobierno para disminuir la inseguridad en el país fueron cuestionadas por generar más violencia en lugar de erradicarla, según Provea más de 60 personas perdieron la vida durante el año de su implementación, lo cual fue calificado como una violación a los derechos humanos. El proceder de estos funcionarios para poner “mano dura” al hampa ha rayado en transgresión, puesto que el famoso “dispare y después pregunte” que en palabras de algunos funcionarios del actual Gobierno existía en otros tiempos se ha puesto de manifiesto con esta operación de forma evidente.
Todo indica que no ha habido una investigación concienzuda ni las previsiones a la hora de cumplir su función, por lo cual inocentes han caído a causa de una bala mal direccionada y delincuentes que han debido ser procesados han sido prácticamente condenados a una pena de muerte sin que exista tal castigo en ninguna norma del país.
Linchamientos: “la justicia tomadas por las manos”
Los casos de linchamientos también se hicieron frecuentes durante el 2016, famoso fue el suceso de un chef que fue asesinado por una muchedumbre enardecida que exigía justicia, luego las investigaciones pertinentes arrojaron que el presunto delincuente era un señor que sólo se encontraba ayudando a alguien que había sido atracado y que todo se debió una confusión, lo que comprueba que es un error tomar la justicia por las propias manos.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), aseguró al respecto que “los linchamientos no contribuyen a pacificar o hacer una mejor sociedad, sino que exacerban los comportamientos violentos de delincuentes y ciudadanos”, y que es una consecuencia de la desconfianza del pueblo en la administración de justicia en el país. Sin embargo, el porcentaje de linchamientos en 2016 aumentó en un 650%.
La visión de que puedes matar sin ir a la cárcel fue la misma que hizo que públicamente el asesino de la ex miss Venezuela y actriz Mónica Spear se preguntara por qué ella y no otro venezolano cayó en la trampa que junto a sus secuaces montó para atracar libremente y sin miedo a ser castigado por la ley. Una razón por la cual muchos jóvenes de las barriadas venezolanas eligen el mundo de la criminalidad: la impunidad.
La misma conmoción social y sensación de ausencia de justicia en Venezuela produjo una ola de protestas y saqueos durante todo el 2016, las cuales fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas policiales del país, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la cifra equivalía a 17 protestas diarias a nivel nacional y las causas principales respondían a la escasez de alimentos, la falta de derechos políticos, la inseguridad, los derechos laborales y a la educación.
Reacción internacional:
Ante este panorama la comunidad internacional fijó su posición, alertando al mundo sobre los problemas estructurales del Poder Judicial en Venezuela.
La CIDH en relación con la administración de justicia en Venezuela, en su Informe Anual 2015 señaló que Venezuela sufre problemas estructurales en acceso a la justicia e independencia judicial. Aspectos como la provisionalidad de los jueces, su vulnerabilidad en la permanencia del cargo y las limitaciones al Código de Ética son indicadores de este deterioro.
Amnistía Internacional por su parte, hizo un llamado de atención en el problema de la provisionalidad de los jueces y su vulnerabilidad a injerencias políticas: “Las injerencias en el sistema judicial de cargos públicos de los más altos niveles de la administración ponían en entredicho su compromiso con la independencia del poder judicial y con el Estado de Derecho. El hecho de que más del 60 % de los jueces ocupara su cargo de manera temporal hacía temer que éstos pudieran ser vulnerables a las presiones políticas”.
Como estos pronunciamientos cientos han sido publicados por organizaciones internacionales. Al observar el inevitable debacle del Poder Judicial, desde Acceso a la Justicia se estudiaron las opciones para enmendar el rumbo de la justicia en Venezuela, entre las cuales destacan:
-Dictar un código de ética acorde con los estándares internacionales aplicable a todos los jueces, incluyendo a los magistrados del TSJ.
-Restablecer y aplicar el procedimiento constitucional para el nombramiento de magistrados.
-Derogar el marco legal que permite la injerencia del Poder Ejecutivo en las actuaciones del Poder Judicial.
-Asignar recursos suficientes para que brinde un servicio de calidad,
-Ampliar las horas hábiles y disminuir los días de no despacho.
-Ratificar de nuevo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
-Cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entre otras no menos importantes que podrá leer en el informe anual de Acceso a la Justicia.
Recordemos que sin justicia no hay democracia y sin democracia no hay derechos humanos.