La estatal Petróleos de Venezuela se convirtió en un nido de corrupción bajo la conducción del otrora zar económico del chavismo, Rafael Ramírez, cuya gestión de 11 años estuvo caracterizada por licitaciones irregulares e incumplimientos de normas que acarrearon pérdidas a la nación por más de $11,000 millones, reveló un informe de la Asamblea Nacional, publica El Nuevo Herald.
Por Antonio Maria Delgado
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Ramírez, quien ejerció total control sobre PDVSA hasta que fue destituido como presidente de la empresa y como Ministro de Petróleo en septiembre del 2014, es acusado en el informe de la Comisión de Permanente de Contraloría de permitir por años la gestación de un ambiente favorable para la desviación de fondos públicos.
“Permitió la realización de diversas exacerbaciones que degeneraron en cuantiosas pérdidas del Fondo Público de la Nación a razón de: la realización de contrataciones inobservando (sic) la normativa debida”, declaró el informe, realizado bajo petición del diputado Freddy Guevara, del partido Voluntad Popular.
Muchas de esas contrataciones “se realizaron por medio de interpuestas personas infringiendo preceptos constitucionales, y que amparándose bajo la figura que ostentaba como funcionario público generó ventajas de diversa índole para sí y para terceros”, agregó el documento.
Las pérdidas para la nación ocasionadas por la centrífuga de corrupción fueron gigantescas.
“[La] afectación total del Patrimonio Público Nacional, por motivo de irregularidades administrativas cometidas bajo la Presidencia de Rafael Ramírez en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) de: USD $11,271,148,806.36, declara el documento.
Ramírez, quien era considerado como uno de los hombres fuertes del chavismo hasta que fue apartado de la industria petrolera, se demempeña actualmente como Representante Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.
La investigación abarcó algunas de las más sonadas denuncias realizadas contra PDVSA en los últimos años, incluyendo el reciente caso en Estados Unidos contra los empresarios venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes se declararon culpables de haber sobornado a funcionarios de la estatal petrolera para obtener contratos por más de $1,000 millones.
Pero el informe también explora algunas de las denuncias formuladas en los primeros años de Ramírez en el cargo, incluyendo el uso indebido del fondo de pensiones de PDVSA, donde cientos de millones de dólares de los ahorros de los trabajadores fueron utilizados para crear un esquema Ponzi en Estados Unidos.
Los investigadores también colocaron la lupa sobre la colocación de cerca de $2,000 millones de fondos venezolanos en Banca Privada d’Andorra (BPA), una de las cinco entidades financieras que operan en la pequeña nación europea.
Esa acusación fue emitida orginalmente en el 2015 por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro que acusó a PDVSA de operar una red de lavado a través de empresas fantasmas con la colaboración de un alto ejecutivo del BPA, a quien se le pagaban “exorbitantes” comisiones para procesar las operaciones con dinero “derivado de la corrupción”.
El propio Ramírez estaría en el centro de algunas de estas investigaciones en Estados Unidos.
Según un artículo publicado en octubre del 2015 por The Wall Street Journal, las autoridades estadounidenses investigaban la posibilidad de que el ex presidente de la estatal, y otras personas claves del chavismo, utilizaron a PDVSA “para saquear miles de millones de dólares” del país sudamericano,