Este martes la Asamblea Nacional difirió la segunda discusión del Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la República Bolivariana de Venezuela, que busca proporcionar seguridad social a los miembros de los cuerpos policiales (activos y retirados) y a sus familias.
Luego de la aprobación de varios artículos, la diputada Delsa Solorzano propuso el diferimiento de la discusión para el próximo martes, para que la sesión pudiera continuar con el Orden del Día.
Solorzano, presidenta de la Comisión de Política Interior, agradeció a los funcionarios policiales activos y retirados que trabajaron en conjunto con la Comisión de Interior para la elaboración de esta ley.
“Cada vez que hablamos de nuestros problemas de seguridad, pensamos en el funcionario policial, pero no pensamos en que se le está violando el derecho a la seguridad social. En un país que es el más violento del mundo, es necesario tener funcionarios policiales bien dotados, bien pagados y con seguridad social, eso no se cumple actualmente”, señaló.
Solorzano pidió que el bloque de la minoría parlamentaria le explique al país por qué no quiere que la policía tenga seguridad social, pues no se presentaron en la sesión de este martes. “Si los funcionarios no son protegidos por el Estado, cómo pretendemos que nos cuiden a nosotros”.
Asimismo, la diputada apuntó que la ley crea el Instituto de Seguridad Social del Policía y establece que los policías y sus familias van a tener protección social en caso de muerte o discapacidad. También contempla una tabla para jubilaciones a partir de 15 años de servicios, tomando en cuenta en salario integral, así como la dotación mínima de uniformes e indemnización en caso de accidente laboral.
“Se supone que esto tenía que haberlo hecho el Gobierno pero no tienen interés en resguardar seguridad la ciudadana. El pueblo está completamente desprotegido porque los funcionarios son insuficientes”, afirmó.
El diputado Franklin Duarte consideró que esta ley resarce una mora legislativa para todos los hombres y mujeres que se dedican a proteger al ciudadano.
Además, denunció que el presidente Nicolás Maduro aprobó el año pasado 25 millones de dólares para la policía. “Cinco meses después, aun no se sabe en donde están esos recursos”.
Por su parte, el diputado César Alonso apuntó que esta legislación viene a traerle paz a los funcionarios policiales, pues muchos se han ganado ese derecho con más de 20 años laborando y “batiendo el cobre en las calles”, y otros que están aun activos también necesitan esa tranquilidad.
“Ante un hampa criminal, ante un pranato en las cárceles donde operan de manera sistemática y con gran tecnología, con armas y dinero de cualquier demoninación, los funcionarios policiales van a tener un elemento más para poder seguir luchando. No se puede luchar contra el delito pensando que en caso de que suceda algún evento maligno la familia no va a tener cómo responder”, indicó.
Alonso advirtió que el Gobierno no puede pensar que la implicación económica de esta ley es un elemento para anularla.
Yajaira Forero, diputada por el estado Anzoátegui, resaltó que los funcionarios no tenían una ley para garantizar su seguridad social, a pesar de ser un derecho constitucional. “Esta Asamblea Nacional está cumpliendo con los policías”.
“Nuestros policías tienen salarios de hambre. Salen a la calle sin protección alguna. Es injusto. Son más de 700 familias las que en dos años han quedado desprotegidas cuando los funcionarios mueren”, afirmó.