Estamos minados de neo lenguaje, todo tiene un sobrenombre, un prefijo y un sufijo cuando miramos hacia adentro de esta polarización que nos caracteriza como sociedad. Por ello y no por una simplicidad conveniente de las modas, inicio estas líneas definiendo como “mega desastre” lo que ha ocurrido con el sistema eléctrico nacional en los últimos años; siendo rigurosos, hablemos de 2010 hasta la fecha. En virtud de ese mismo rigor necesario para que las denuncias no sean politiquería, la comisión mixta que presido investigó durante más de ocho meses la crisis de la prestación del servicio, sus causas y consecuencias. Así elaboramos un minucioso informe que fue presentado a la plenaria de la Asamblea Nacional este miércoles y que fue aprobado por la mayoría representada en el bloque de la MUD, en ausencia de la bancada oficialista. En doscientas páginas le dejamos al país evidencia escrita y corroborada de cómo la corrupción, la desinversión y la mala administración, dejaron al país en un apagón y a ratos, a media luz.
Hagamos memoria. En 2004, la administración de Hugo Chávez, aprobó el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, dicho plan establecía la incorporación de 6.000 nuevos megavatios que no fueron instalados. El gobierno congeló las tarifas desde 2002, agravando con ello el déficit presupuestario y las inversiones previstas para la adecuación del sistema al plan, no se realizaron en su totalidad. Todo ello condujo a un serio déficit de generación eléctrica que tuvo como momentos críticos los años 2003, 2010 y 2016, y la respuesta de las autoridades en la materia fue aplicar un racionamiento que en muchos casos es ya de carácter permanente. No olvidemos que el año pasado los centros comerciales fueron objeto de esta medida que les ocasionó pérdidas y que al mismo tiempo el ejecutivo ordeno la reducción de la jornada laboral de los entes públicos, atentando así contra el propio desarrollo del país.
El decreto de emergencia eléctrica que data de 2010, facultó al gobierno a contratar inversiones sin control, que no respondían al plan eléctrico. Ello desató una ola de corrupción, que ya era evidente cuando ubicamos las inversiones hechas desde 2005 hasta 2015, se ejecutaron 39.465 millones de dólares en obras de generación eléctrica. Como lo demostramos en el informe, 16 de los 42 proyectos no tienen soporte en el plan de electricidad, más de 80% de los proyectos se adjudicaron sin licitación, amparándose en la “emergencia”. Existe en este desastre una grave responsabilidad política de 7 ex ministros de electricidad y autoridades, entre ellos Alí Rodríguez Araque, Aristóbulo Isturiz, Rafael Ramírez. Hemos promovido el voto de censura contra el M/G Luis Motta Domínguez, Ministro de Energía Eléctrica, de quien aspiramos comparezca el próximo martes 21 de febrero ante la Asamblea Nacional. El que calla, otorga. El voto de censura será inminente, si el silencio es una orden de Miraflores.