Una Sala de Apelaciones de Guatemala dictó este jueves libertad condicional para Jose Manuel y Sammy Morales, hijo y hermano, respectivamente, del presidente del país, Jimmy Morales, según la prensa local. EFE
La resolución la emitió la Sala Tercera de Apelaciones con el argumento de que no hay obstáculos para la averiguación de la verdad, pues ambos se presentaron de forma voluntaria ante las autoridades.
José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales estaban en prisión preventiva desde el pasado 18 de enero, cuando un Juzgado de Guatemala los procesó por su implicación en tres adjudicaciones irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP), por valor equivalente a unos 26.000 dólares, en 2013.
Los dos permanecerán bajo arresto domiciliario, aunque los medios no detallan en que momento se hará efectiva esta resolución.
Aunque ellos no se beneficiaron económicamente de las tres compras realizadas de manera irregular, la Fiscalía les imputó el delito de fraude al entender que hicieron un “favor ilícito” para beneficiar al padre de la exnovia del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, que fue detenido y también será procesado por el mismo cargo.
Por este motivo, y entendiendo que existe peligro de obstrucción a la investigación -aún en curso-, la jueza encargada da la causa, la titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, dictó el 18 de enero para los tres prisión preventiva mientras la Fiscalía no termine la investigación, periodo que durará hasta finales del mes de marzo.
Estos tres eventos irregulares fueron descubiertos por las autoridades en el marco de una investigación mayor que reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015 se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos en el RGP, conocidos como “plazas fantasmas” (ficticias), los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales (unos 400.000 dólares) como remuneración por un trabajo no realizado.
Por esta trama es procesada más de una veintena de personas, entre ellas la extitular de la entidad Anabela de León.
Ni el Gobierno ni el presidente Morales se han pronunciado aún al respecto de esta resolución, aunque el mandatario se encuentra en la presentación pública de una política de empleo digno.