La lideresa opositora y excandidata presidencial Keiko Fujimori atribuyó hoy las investigaciones contra sus hermanos, por lavado de activos, a “acusaciones falsas” para ocultar las denuncias por los sobornos entregados por la brasileña Odebrecht en Perú.
EFE
A través de su cuenta de Twitter, Fujimori confirmó que su hermano y legislador de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, ha pedido al Congreso que le levanten la inmunidad, a raíz de la investigación por lavado de activos que incluye a sus otros dos hermanos Hiro y Sachie.
“Siempre damos la cara. Basta de #CortinasDeHumo con investigaciones sin fundamento y acusaciones falsas al fujimorismo para tapar Odebrecht”, agregó la excandidata.
La constructora brasileña ha admitido que pagó sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014, un periodo que comprende los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
En el caso de Toledo, la empresa le pagó presuntamente 20 millones de dólares para la construcción de la carretera Interoceánica y ahora el expresidente tiene una orden de detención preventiva.
“Mientras tanto, crecen los rumores que lejos de aquí, el Sr. Toledo y sus ministros de entonces están #ArmandoElMuñeco”, agregó Fujimori en alusión al presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue primer ministro y titular de Economía durante la gestión de Toledo.
La también excongresista agregó que desde el lugar que le corresponde buscará la verdad “abrigando la esperanza que se cumpla la ley”.
Según publicó ayer el diario El Comercio, la fiscalía pretende esclarecer el desproporcionado incremento de capital de la empresa Logística Integral Marítima Andina S. A. (Limasa), propiedad de Kenji, Hiro y Sachie, hijos del expresidente Alberto Fujimori, en prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción cometidos bajo su mandato (1990-2000).
Esta investigación se produce después de que en junio pasado una pesquisa previa señalara que el negocio de almacenaje de los Fujimori tuviera un crecimiento desproporcionado durante los últimos años a través de la capitalización de deudas con otras empresas también vinculadas a la familia.
Según consignó El Comercio, Limasa sumó un capital de 2 millones de soles (600.000 dólares) en 2014, cuando en 2009 el capital era tan solo de 40.000 soles (12.000 dólares).
En ese período, la compañía cambió su nombre a Integrated Global Logistics (IGL) y se convirtió en socia de la transnacional japonesa de transporte marítimo Sankyo.
La Fiscalía ha pedido un perito para evaluar la capitalización de deudas, así como información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las operaciones de los investigados.
Esta investigación se inicia en un momento en el que el país está conmocionado por las revelaciones del escándalo Lava Jato, cuyas ramificaciones en Perú han salpicado a las más altas entidades del estado.