¿En qué momento se separó la política de los ciudadanos? O tal vez la pregunta debería ser, ¿en qué momento la ciudadanía se distanció tanto de la política al punto que ésta dejo de ser, literalmente hablando, la relación entre la ciudad y el hombre, como indicaba Aristóteles? En la respuesta a esa pregunta posiblemente radique el porqué en Venezuela no existan “ciudadanos” tal y como se les conoce en otras partes, a las personas que ejercen unos derechos concebidos en términos políticos y se subroguen a unos deberes para con la ciudad donde viven y el país en general.
La política en Venezuela es concebida como una actividad conducida por los partidos políticos que electoralmente buscan el Poder. No es percibida como una actividad del ciudadano, quien consciente de su vida en comunidad y de su responsabilidad cívica en las ciudades, debe buscar la mejora permanente de su calidad de vida y la de aquellos que conviven con él. En Venezuela existen personas que viven juntas en las ciudades pero no como ciudadanos, sino como habitantes. Esa es la razón fundamental por la cual la actividad política no se corresponde con una actividad ciudadana, de manera que esta se vuelque en beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo hacer para lograr que los habitantes de las ciudades en Venezuela se conviertan en ciudadanos? O mejor dicho, ¿cómo construimos ciudadanía?
Una vez alcanzada la liberación del territorio que ahora lleva el nombre de Bolivia, El Libertador, consciente que el esfuerzo de la libertad era inútil sin educación, envió a su propio maestro, Don Simón Rodríguez, para organizarla en esa nueva República. Lamentablemente esta labor no pudo ser llevada a cabo, al pasarle a Simón Rodríguez lo mismo que siempre les pasa a todos aquellos que piensan muy adelantados a su tiempo: no fue comprendido.
El Maestro Rodríguez sostenía una tesis, a mi juicio muy avanzada tanto para su época como para la nuestra, según la cual es una contradicción desear Repúblicas sin republicanos. ¿Y cómo se resolvía eso, de acuerdo a Simón Rodríguez? De la única manera que hay: formándolos en las escuelas para que las Republicas que estaban naciendo y obteniendo su libertad de la espada de sus soldados, se pudieran sostener. De acuerdo al Maestro, la materia más importante de esa formación debía ser “la sociabilidad”. Esa materia en términos modernos se llamaría “ciudadanía”.
Decía el Maestro Rodríguez citado por Arturo Uslar Pietri: “el que nada sabe, cualquiera lo engaña, el que nada tiene, cualquiera lo compra”. En las múltiples enseñanzas que Uslar Pietri nos legó, afirmaba que en esta tesis de Simón Rodríguez, “se trataba de enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y de darle una base productiva para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera un ciudadano” (ver Arturo Uslar Pietri, Serie en video “Simón Rodríguez” en Youtube, Partes 1, 2, y 3: https://youtu.be/uKEE7qCOox4, https://youtu.be/9AgJbztyRgY, https://youtu.be/2ExSCFfHMe4). De acuerdo a esa enseñanza, una primera aproximación conceptual del ciudadano sería aquel que no puede ser engañado porque tiene una educación, ni tampoco puede ser comprado porque tiene una base productiva que lo impediría, basada en esa misma educación. Paradójicamente, si en el siglo XIX un planteamiento como ese pudo haber sido ambicioso y fracasar, deberíamos preguntarnos porque todavía fracasa en pleno siglo XXI.
Debemos entonces crear el sustrato necesario para que nazcan y se desarrollen aquellos que deben realmente hacer la política: los ciudadanos. Si esto no es así, quienes terminarán haciéndola serán los aventureros y los oportunistas, individuos sin arraigo alguno con la ciudad y el país, quienes buscaran alcanzar el Poder para su propio beneficio. No en vano los resultados catastróficos que hemos tenido de las gestiones de gobierno en todos los niveles: nacional, estadal y municipal, durante los casi 60 años desde 1958.
¿Se puede civilizar la política? Esto es, ¿se puede hacer que quienes hagan la política sean los ciudadanos? Yo creo que si es posible. A más de dos siglos de haber fracasado el Maestro Rodríguez en su intento de crear ciudadanos en Bolivia, aun pretendemos hacer Repúblicas sin republicanos. Salvo honrosas excepciones, quienes han ocupado las principales posiciones en Venezuela han desestimado esa preocupación del Libertador al enviar a su maestro a Bolivia.
Es imposible someter a un pueblo culto consciente de sus derechos. Por esa razón los países con indicadores altos en materia educativa disponen de gobiernos respetuosos de los derechos humanos con altos grados de desarrollo social y económico.
Si la base de nuestro Pacto Social fundamental, la Constitución, está estructurada de forma tal que sea el Estado quien distribuya (el Estado benefactor), quien decida cuanto y en qué forma darle a los ciudadanos su parte del reparto de la renta del país, conceptualmente estamos partiendo del modo equivocado. Eso nos condiciona en el Pacto a que hay alguien que da y otro que recibe, independientemente de las porciones que se repartan. Ese esquema condiciona y genera de por si la lucha por el poder de quienes buscan repartir en su propio beneficio.
No se plantea en la Constitución que son los ciudadanos los que deben trabajar para el sostenimiento de las Instituciones del Estado. No existe la capacidad ciudadana para manejar los impuestos y la discrecionalidad política, administrativa y financiera necesaria para resolver su diario vivir y su calidad de vida.
Al no ser eso así, queda en las manos de quien reparte proveer el bienestar ciudadano, y de allí comienza la feroz lucha de los factores políticos para alcanzar las posiciones de Poder que les permitan ejercer la administración del Estado, pervirtiendo el objeto fundamental de su propia razón de ser, que no es otro que el de proveer bienestar y calidad de vida a los ciudadanos, generando corrupción y elites corruptas.
El Municipio, unidad básica y fundamental del territorio que reúne bajo su seno a las comunidades agrupadas en ciudades, en la actualidad dependen para sus necesidades más elementales del auxilio financiero del Estado. La organización que nos hemos dado a través de ese Pacto Social, desde hace varias Constituciones aún reparte la renta del país hasta en un 20% a todos los Estados y Municipios, a través de una figura jurídica denominada Situado Constitucional (Artículo 167.4 Constitucional). De ese 20%, los Municipios han recibido históricamente a su vez un 20%, quedándole al Estado regional el 80% restante de ese 20%. Es un Pacto absurdo donde los ciudadanos reciben la menor parte y solo gana quien reparte, que se queda con el 80%.
En otras palabras, el Municipio, el lugar donde viven las personas, donde desarrollan sus actividades, su trabajo, su recreación, se educan y conviven, recibe la parte más ínfima en el reparto, quedando al arbitrio de una entidad superior, “El Estado”, la buena o mala administración de la parte más grande. Los impuestos nacionales como el IVA, no se regresan a ellos en la misma proporción, así como tampoco los impuestos de transacciones inmobiliarias, y aquellos provenientes de los registros y notaría de documentos. De esta manera, en ninguna parte de Venezuela los ciudadanos disfrutan de los impuestos que ellos mismos generan, quedando estos a la discrecionalidad de quien conduzca el Estado, y de su buena o mala administración, y no de los ciudadanos que los producen. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo.
¿Puede ser ese un esquema viable? ¿Cómo pueden las personas consustanciarse con sus problemas y sus soluciones en las ciudades cuando no está en ellas el poder resolverlos? ¿Qué interés puede tener? En pocas palabras, ¿cómo puede alguien ejercer su ciudadanía, si de entrada esta cercenada su capacidad de ejercerla? El sistema que tenemos no está diseñado para hacer ciudadanos sino habitantes, o peor aún, borregos sin criterio que deben ser conducidos al matadero de quien tiene el poder.
Tenemos entonces ciudades repletas de personas -habitantes- esperando que “alguien” resuelva que las calles están rotas, que llegue el agua, que funcione el servicio eléctrico, que haya trabajo, y pare usted de contar. Con las complejidades de hoy, los problemas se han multiplicado exponencialmente y es imposible para pocas personas, aun teniendo los recursos, poder administrarlos eficiente y oportunamente para las grandes mayorías. Y cuando los recursos son escasos esa tarea es virtualmente imposible.
Entonces debemos empezar por el principio: volver al ciudadano. Plantearnos que un sistema que se base en que alguien lejos del propio ciudadano pueda resolver los problemas y necesidades mejor que aquellos que habitan en sus propias comunidades, es un sistema que debe ser sustituido por otro que efectivamente esté consustanciado con los problemas de la gente. Pero que ese nuevo sistema le entregue no solo el poder político sino también los recursos y las responsabilidades, a fin de que las comunidades puedan hacer contraloría y seguimiento cercano.
Para cambiar esa relación tóxica que tenemos en la actualidad entre el Estado y la sociedad debemos discutir de nuevo los términos de ese Pacto constitucional. No es el Estado el que debe “darle” a los ciudadanos, son los ciudadanos los que deben ejercer sus derechos al asumir a conciencia su responsabilidad de conducir el Estado en todos sus niveles. Y en ese Pacto establecer su plena autonomía para hacerlos efectivos.
En palabras más sencillas, los ciudadanos no necesitan que la Constitución diga, por ejemplo, que los Estados y Municipios tienen el derecho de recibir un Situado Constitucional de X porcentaje de parte de un Estado benefactor, sino que diga que sus administradores tienen el deber, el derecho y la responsabilidad de cobrar los impuestos en todos los órdenes que correspondan y la obligación de administrarlos y ejecutarlos a favor de los ciudadanos en las comunidades donde se producen. Y que los ciudadanos de esas comunidades tienen el derecho y el deber de realizar la contraloría ciudadana necesaria para controlar que efectivamente eso ocurra. La vieja máxima de no dar un pescado sino enseñar a pescar. Esa es la manera más antigua y elemental de crear responsabilidad ciudadana.
Y dadas esas atribuciones constitucionales, entregarles asimismo la responsabilidad de velar por la salud, seguridad, infraestructura, etc., que hasta ahora detenta el Estado centralizadamente por construcción constitucional. Romper constitucionalmente con la forma de Estado centralizada en los hechos, entregando a los Estados y Municipios la autoridad y el derecho de administrar los recursos del país que hasta este momento detenta un solo administrador: el Poder Ejecutivo a cuya cabeza está el Presidente de la República.
El lugar por excelencia para discutir ese nuevo estado de cosas y debatir un nuevo Pacto Social constitucional, político y ciudadano se denomina Asamblea Nacional Constituyente. Nos encontramos convocando ahora ese nuevo Pacto para las nuevas generaciones, y eso pasa por la redefinición del papel del ciudadano en la política y a su vez por la redefinición del papel del Estado en esta nueva ecuación social. De los ciudadanos depende cambiarlo e imponerlo como una nueva forma de cultura ciudadana de concebir la política en el país, dejando a un lado de una vez y para siempre, la separación y el enfrentamiento de la política con la ciudadanía, entre otras cosas porque al finalizar este sueño, la política será la obra perfecta de los ciudadanos.
Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/
Email: [email protected]
Twitter:@laguana