El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos prepara instrucciones para que los agentes migratorios aceleren las deportaciones de las personas en situación irregular en el país, según documentos internos obtenidos por varios medios estadounidenses.
EFE
Las circulares están firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y se dirigen a los directores de las agencias encargadas de la seguridad fronteriza y los servicios migratorios, según publican hoy medios como CNN, The New York Times y Washington Post.
Estos documentos no se han publicado oficialmente, por lo que podrían sufrir cambios, y requieren aún de la revisión de la Casa Blanca, según el Times.
Se trata de extensas directrices para aplicar las órdenes ejecutivas del presidente de EE.UU., Donald Trump, en materia migratoria y de seguridad y, en líneas generales, dan poder a las agencias para detener y deportar con más facilidad a los inmigrantes en situación irregular en el país.
Los documentos no incluyen la activación de la Guardia Nacional para detener inmigrantes en 11 estados, algo que aparecía en un borrador filtrado a la prensa el pasado viernes sin la firma de Kelly y que la Casa Blanca desmintió.
Asimismo, la circular no incluye cambios sobre el programa aprobado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) para proteger de la deportación a los jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños (DACA, por sus siglas en inglés), una medida que Trump ha prometido abordar “con corazón”.
No obstante, el documento dice que esta política “se abordará en una futura circular”.
La guía sí incorpora nuevas directrices que permitirían a las autoridades aplicar un procedimiento de “deportación acelerada” a los inmigrantes “que no pueden probar que estuvieron en Estados Unidos de manera continua durante dos años antes de ser detenidos y de que se determinara su situación irregular”.
Hasta ahora, las agencias solo habían usado esta deportación acelerada para los inmigrantes detenidos a 100 millas (160 kilómetros) de la frontera en los 14 días siguientes de haber entrado en el país o para los que llegaron por mar y no por un puerto de entrada.
Otra de las indicaciones recomienda usar una medida poco utilizada hasta ahora que permite devolver a los solicitantes de asilo al territorio contiguo desde el que llegaron a Estados Unidos.
Esta directriz podría devolver a los solicitantes de asilo centroamericanos, que llegan a través de México, al otro lado de la frontera mientras esperan los procedimientos de asilo, en lugar de internarlos en un centro estadounidense.
La circular de Kelly ordena la creación de un sistema de videoconferencias para permitir que los individuos expulsados puedan tener sus audiencias del proceso de asilo sin tener que volver a entrar en Estados Unidos.
La guía también hace más difícil que los niños que entran en el país de manera irregular sean tratados como “menores extranjeros no acompañados”.
El documento llama a acabar con los “abusos” actuales, al afirmar que, en algunos casos, estos niños “continúan recibiendo protección” como menores no acompañados incluso si tienen padres o tutores que viven de manera irregular en Estados Unidos.
Según la ley del país, un menor no acompañado es aquel que no tiene a sus padres con él o disponibles para cuidar de él en Estados Unidos.
Ahora, las nuevas directrices apuestan por procesar a los padres si se demuestra que pagaron a traficantes para acompañar a sus hijos a cruzar la frontera.
El martes, el Caucus Hispano, la agrupación de congresistas de origen latino en el Congreso estadounidense, expresó su “enfado” y “tristeza” por las redadas de los agentes de inmigración del pasado fin de semana ordenadas por el Gobierno Trump en numerosos puntos del país.
Aunque Trump ha asegurado que la acción forma parte de su promesa electoral de “capturar a los criminales, a los malos criminales, con historial de abusos y problemas y echarlos”, las organizaciones de defensa de los inmigrantes advierten que los indocumentados con faltas leves o sin antecedentes también se ven afectados por el aumento de las redadas de deportación.