En los últimos días han ocurrido en el país cosas de suma gravedad que deben ser discutidas, sin embargo nos concentraremos en la que pudiera ser la de mayores consecuencias para todos.
Las sanciones recientemente impuestas, a Tareck El Aissami vicepresidente de nuestro país, por parte del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de Norteamérica, tras varios años de investigaciones, por su presunta colaboración con el narcotráfico y el lavado de dinero, se suma a una innumerable cantidad de denuncias que involucra a altos funcionarios civiles y militares venezolanos en delitos de drogas.
Todo lo que está ocurriendo en Venezuela es consecuencia del acceso al poder de personas que no tienen ninguna experiencia en el ejercicio democrático del gobierno. Desde hace más de 17 años, mediante procesos electorales, supuestamente democráticos, se han mantenido en el poder las mismas personas, quienes a través de la subordinación de las instituciones públicas, pactos con algunos sectores, prebendas, populismo y demagogia, construyeron redes que los ha afianzado en el control político, profundizado la dominación social y que ha permitido un vulgar incremento de sus riquezas personales, teniendo como resultado el más descompuesto y corrupto gobierno de nuestra historia.
Desde el inicio de la “revolución” han sido constantes las denuncias por aumento del flujo de drogas por territorio venezolano, los escándalos por casos como el de los narco-sobrinos y las fallas de controles en las fronteras. Entre tanto, ha sido más que evidente el fortalecimiento del crimen organizado en nuestro país y la forma en como se ha ido colando en distintas instancias de gobierno, tribunales y cuarteles.
Una hipócrita guerra contra las drogas, que se limita solo al discurso y al desmantelamiento de carteles contrarios a los intereses de quienes detentan el poder económico y político, hoy pone en riesgo la seguridad de todos los venezolanos y que ubica al gobierno en los conceptos de estado forajido (aquel que incumple leyes, normas y tratados internacionales) y estado fallido (aquel incapaz de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos) convirtiéndolo en resumen en un estado delincuente
El destino de nuestro país, depende de la actuación que tengamos frente a este tema, se requiere una férrea y decidida reacción de los sectores decentes del país ante esta realidad. Callar o minimizar estos hechos solo estará favoreciendo al régimen y eso es inaceptable; no esperemos que sea la justicia internacional la que se encargue de todo, articulemos acciones que procuren la salida del poder de los delincuentes que han hecho que Venezuela sea calificada internacionalmente como un narco estado