Recientemente designamos en plenaria del parlamento nacional, una comisión especial para investigar en profundidad y llegar hasta las últimas consecuencias, en la sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y a su testaferro, Samark José ?ópez por los delitos de narcotráfico y colaboración con el terrorismo. No obstante, el país se ha acostumbrado a sorprenderse con cada escándalo donde están involucrados algunos de los altos jerarcas del gobierno nacional, pero sin lugar a dudas, esta sanción contra quien hoy ejerce funciones constitucionales es de extrema gravedad en virtud del desarrollo de una investigación que data de varios años.
Los delitos como el narcotráfico, el terrorismo, violación a los derechos humanos, no prescriben en el tiempo y no tienen frontera alguna. Es decir, tarde o temprano los que se creen intocables, caen por acción de la justicia internacional, porque lamentablemente la justicia chavista sólo sirve para amparar corruptos y delincuentes; y para perseguir a inocentes.
El pueblo venezolano recordará que en el año 2010, en mi condición de diputado a la Asamblea Nacional, consigné ante el despacho de la Fiscal General de la República, una solicitud de investigación a Tareck El Aissami y otros funcionarios del gobierno nacional, en función de una grave denuncia realizada por el narcotraficante venezolano, Walid Makled, quienes los señaló de recibir dinero de sus operaciones y de blindarlo en su accionar delictivo. En esta oportunidad el hoy preso narcotraficante de alto calibre, también mencionó al hermano de Tareck El Aissami, de haberle entregado dinero para la adquisición de un buque petrolero.
De esta acción parlamentaria han transcurrido casi siete años, y jamás recibí respuesta por parte de la Fiscalía General de la República, ni de ninguno de los organismos que conforman el Poder Moral. Pues bien, de haber actuado apegados a derecho, le hubiesen evitado al país un daño patrimonial y moral mayor al que estamos sometidos en los actuales momentos; porque siempre se han negado a investigar los desmanes donde están metidos sus altos funcionarios, todo lo contrario, los amparan y los protegen a toda costa, incluso a riesgo de su credibilidad de sus responsabilidades directas por complidad por acción u omisión en cada uno de los desfalcos hechos en contra de la nación.
Asimismo, esta investigación la extendemos al supuesto testaferro de Tareck El Aissami, Samark José López. De hecho ya hemos solicitado su declaración jurada en los últimos 15 años, y estamos seguros que sus haberes materiales, no son los mismos a la fortuna que amasó con empresas de maletín, teniendo como principal cliente al gobierno nacional, quienes en negocios sucios y oscuros desfalcaron la nación.
Alertamos a la banca pública nacional del país, que no pueden permitir ningún tipo de transacción bancaria al señor Samark López, porque estarían incurriendo en un delito con repercusión internacional. A este señor no le queda más que ponerse a la orden de la justicia nacional e internacional.
De igual forma le decimos a Nicolás Maduro, que su respuesta frente a una acusación tan delicada, no puede ser, los insultos, gritos, amenazas, agresiones y amenazas; y mucho menos pagar 150 Mil Dólares en el New York Times tratando de defender lo indefendible. Más bien, hubiesen agarrado esos 600 Millones de Bolívares si los llevamos al dólar paralelo, para comprar unos cuantos kilos de comida a muchos venezolanos que hoy comen de la basura. Yo le digo que el que no la debe no la teme, así que lo más sano a este gobierno enlodado de toda clase de chanchullos y delitos, es permitir una investigación, porque de lo contrario, se está convirtiendo en cómplice de este andamiaje delictivo. Tareck el Aissami en su condición de vicepresidente y con poderes constitucionales, no puede firmar ningún documento del gobierno, porque será declarado nulo y sin validez constitucional.
Desde esta comisión vamos a actuar con profunda responsabilidad y nada nos va a detener en nuestra investigación. Es por ello que hacemos un exhorto a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Supremo de Justicia y a cualquier funcionario público, para que faciliten esta investigación. Llegó la hora de hacer justicia, y tengan por seguro que así va a ser.
Ismael García
Diputado a la Asamblea Nacional
PJ- Unidad Democrática
@ismaelprogreso