Adultos mayores: Nosotros estamos dispuestos a morir pero en la calle

Adultos mayores: Nosotros estamos dispuestos a morir pero en la calle

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El martes 21 de febrero la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, el Frente Amplio de los Adultos Mayores, el Comité de Derechos Humanos para los Pensionados y otras organizaciones en defensa de los derechos del adulto mayor se dieron cita en la Iglesia Chiquinquirá para protestar a favor de sus reivindicaciones.

Jennifer Peralta / Provea





Una misa presidida por el Cardenal Jorge Urosa Savino fungió como acto simbólico de protesta debido a las deudas del Estado con los adultos mayores que, según la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados son tres millones trescientas mil personas.

En medio de la ceremonia se podían leer pancartas con consignas como “Esos 108 no serán cobrados por los pensionados y jubilados. ¡quedaron excluidos! ¡Maduro, eres cruel!”: “Los pensionados y jubilados fuimos constructores de nuestro país, ahora en pie de lucha exigimos bono de alimentación y medicinas”; Los pensionados y jubilados también comemos”; alimentos y medicinas son ley, ejecútese ya”.

El presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada calificó la actividad como “un espaldarazo” en apoyo a las acciones que los adultos mayores vienen realizando. “Ratifica y nos da más ánimo para mantenernos en la calle con la lucha que tenemos por nuestros derechos constitucionales”.

Manifestó que exigen el pago del bono de alimentación y el suministro de medicinas. “Al quitarnos los 108 mil bolívares nos quitan el 72% de nuestros ingresos. Cualquier ciudadano jubilado de la administración pública está destinado a la pobreza. Hace un año se aprobó la ley de alimentación y el presidente no la ha firmado ni promulgado. No hay voluntad política”. Además de esto, Lozada afirmó que seguirán en las calles manifestando pacíficamente.

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Por su parte, Carlos Blanco, Coordinador de Organización del Comité de Derechos Humanos para los Pensionados, clamó por justicia y señaló que se mantendrán en la “calle, calle y más calle” mientras no se les reconozcan sus derechos. “Estamos aquí por la calidad de vida de todos los adultos mayores, este régimen nos está llevando a una situación bastante difícil que lamentablemente significa una muerte segura porque carecemos del alimentos y de las medicinas. Nosotros estamos dispuestos a morir pero en la calle, no arrodillados como lo quiere el gobierno. Le estamos pidiendo al país que despierte Al mundo entero que despierte”.

También denunció lo insuficiente que resulta el monto de la pensión para mantener cubiertas las necesidades básicas. “La pensión más miserable que hay en el mundo es la venezolana, cuando escasamente está por debajo de los diez dólares. En Haití que es uno de los países pobres de nuestro continente está en 47 dólares, Cuba 32 dólares. Nosotros estamos ganando 9 dólares. Eso no nos alcanza para nada. El gobierno quiere llevarnos a la miseria, a morirnos”.

Blanco explicó que han ido a diferentes instancias del Estado y no han obtenido respuestas. “Hemos incluso ido al Seniat y nos dijeron que sobraba el dinero para darnos la pensión. El año pasado ellos hicieron la revisión del presupuesto y dijeron que sí nos lo otorgarían, pero es la soberbia del gobierno y la falta de política. Nos está sentenciando a la muerte porque no hay otra salida”.

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El diputado Arnoldo Benítez, fundador de la Organización Venezolana de Adultos Mayores (OVAM), en relación con la ley de alimentación, aprobada por la Asamblea Nacional en marzo de 2016 y declarada constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, señaló que el obstáculo para su ejecución está siendo puesto por el Ejecutivo.

“Maduro no le quiere dar el placer, el beneficio a la Asamblea Nacional de haber logrado una ley que vaya a beneficiar a los adultos mayores. Dinero hay, si no hubiese, él no estuviera repartiendo carnet de la patria. La implementación del pago completo del bono de alimentación costaría para el Estado poco más de trescientos cincuenta y seis millardos mensualmente, y el dinero se puede sacar sin tocar el presupuesto nacional, tomando un porcentaje de la renta petrolera en dólares y en vez de entregársela al Banco Central de Venezuela a diez bolívares por dólar, que se venda en el mercado Dicom a seiscientos noventa y siete, y de allí sale todo el dinero que se necesita”.

Situación de adultos mayores en el exterior es grave

Los adultos mayores que padecen las irregularidades que se vienen denunciando en relación con la ausencia de respuestas efectivas por parte del gobierno no están solamente en el el territorio venezolano sino también en el exterior.

“La situación de los adultos mayores en el exterior es grave, delicada, bastante precaria, más difícil que la nuestra. Mientras nosotros recibimos nueve dólares ellos no reciben nada, ni siquiera medio dólar y ya tienen más de un año así. Estamos solidarizados con ellos, los tenemos presentes. El gobierno no da respuesta tampoco a esta denuncia”, explicó Carlos Blanco.

“Grave” también fue el adjetivo usado por el diputado Benítez para describir el hecho. “Es muy grave, hace más de dieciséis meses que los adultos mayores, pensionados y jubilados que están en el exterior no reciben la remesa, están recibiendo el dinero aquí en bolívares y no lo pueden convertir en dólares. Si ellos necesitan un dólar tendrían que comprarlo al dólar paralelo que pasa en este momento los cuatro mil bolívares. Están pasando una situación muy grave y nosotros queremos pedirle al Estado que resuelva, son más de veinticinco mil ciudadanos, compatriotas que están en el exterior padeciendo y necesitan respuesta. La comisión de política exterior de la Asamblea Nacional creó una subcomisión al respecto, y hace aproximadamente cuatro meses se aprobó un informe y se le envió al Ejecutivo pero no han dado respuesta”.

Benitez anunció que la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, a la cual están adscritas las demás organizaciones sobre el tema, planea hacer un escrito para solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia que cumpla con su decisión sobre la constitucionalidad de la ley de alimentación. “Según la Constitución, el Ejecutivo tiene cinco días para ejecutarla y ya han pasado nueve meses”.

Por su parte, el Cardenal Jorge Urosa Savino respaldó la lucha por las reivindicaciones del derecho a la seguridad social de los adultos mayores.”Ojalá que se puedan llevar a cabo y se ejecute esa decisión de conceder un bono especial a los pensionados y jubilados en Venezuela.”