Los venezolanos que ingresen a Brasil escapando de la crisis económica en esa nación podrán tramitar a partir de este miércoles la residencia temporaria en este país, sin necesidad de recurrir al complejo mecanismo de refugio, informó la fiscalía brasileña, reseña AFP.
Una resolución del Consejo Nacional de Inmigración de Brasil “permite la concesión de residencia temporaria, por un plazo de hasta dos años, al extranjero que haya ingresado a territorio brasileño por vía terrestre y sea nacional de un país fronterizo” y no esté contemplado en los acuerdos de residencia del Mercosur, como es el caso de Venezuela.
La decisión atiende un pedido de la fiscalía y organizaciones de derechos humanos para auxiliar a los miles de venezolanos que han ingresado a Brasil por el estado de Roraima (norte) en el último año huyendo de la crisis económica en su país.
Hasta ahora, la única opción que tenían para regularizar su estancia en Brasil era solicitar el estatus de refugiado.
“Los venezolanos que están viniendo a Roraima no necesariamente están huyendo de una persecución (…), no necesariamente se encuadran dentro de la condición de refugiado”, explicó a la AFP Camila Asano, coordinadora de la Política Externa en la ONG Conectas.
Además, argumenta la fiscalía, el aumento de pedidos de refugio saturó la capacidad de atención de las autoridades locales.
El flujo saltó de un solo pedido de refugio en 2010 a los 1.805 contabilizados en 2016, según datos del Ministerio de Justicia recolectados en el estado de Roraima.
A partir de la nueva resolución, quienes soliciten la residencia temporal deben presentar solo una serie de documentos básicos que comprueben, entre otras cosas, que no tienen antecedentes penales.
La resolución trae “ventajas evidentes, como la posibilidad de documentación de esos migrantes y de condiciones de ingreso al mercado formal de trabajo”, destacó el fiscal federal de Derechos Humanos João Akira Omoto.
Si bien no hay cifras exactas, se estima que miles de venezolanos ya han cruzado la frontera en busca de trabajo, atención médica y de productos que no encuentran en su país, que padece la inflación más alta del mundo y serios problemas de desabastecimiento.
Para Asano, la resolución “es un remiendo, una forma de contornar una ley (el Estatuto del Extranjero) totalmente inapropiada para la realidad del país”.
“Es una ley de la dictadura militar, de 1980, que ve al inmigrante como una amenaza a la seguridad nacional, no lo ve como un ser humano que tiene derechos”, asegura.
El Congreso brasileño está tramitando una nueva legislación que contemplaría este tipo de situaciones y, si es aprobada, permitiría a Brasil “mostrar que es una referencia (en materia de derechos humanos) en un momento en que varios países han retrocedido en sus leyes de inmigración”, apunta Asano.