El diputado al Parlamento del Mercosur (Parlasur) y de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Rafael Veloz, consignó una petición en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se investiguen los casos de usurpación de funciones por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela.
“Según lo dicta el artículo 25 de la Constitución venezolana, el Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con lo acordado en los organismos internacionales. Por eso consignamos esta petición a las Naciones Unidas, para abrir inmediatamente una investigación a la grave crisis que hay en el sistema judicial, en especial por la falta de independencia e imparcialidad de los magistrados de TSJ”.
A través del documento, Veloz explicó que “hay una inconstitucional ilegalidad en la designación de los magistrados. El 23 de diciembre del año 2015, los magistrados fueron designados de manera indebida. El artículo 200 constitucional establece que la inmunidad la asumen los parlamentarios una vez se lleve a cabo la proclamación de los diputados. La proclamación de los actuales diputados de la Asamblea Nacional se dio el 8 y 9 de diciembre de 2015. Es decir, el 23 de diciembre del 2015, los diputados que asignaron a estos magistrados ya no tenían inmunidad. Además, el artículo 195 de la Carta Magna establece que la vigencia de los diputados de la Asamblea es de 5 años; la pasada administración tomo posesión el 26 de septiembre de 2010, es decir que tampoco tenían la cualidad necesaria para la designación”.
El también dirigente nacional de Voluntad Popular, enfatizó el caso de los jueces Calixto Ortega y Cristian Zerpa, quienes fueron candidatos durante las elecciones parlamentarias de 2015 y tras la derrota fueron designados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. “En Venezuela no existen indicadores de la grave crisis que sufre la administración de justicia. Sin embargo, existe un organismo internacional integrado por los principales juristas del mundo, con sede en Ginebra, en la cual indica a través de un informe que nuestro país está en una severa crisis de independencia e imparcialidad en la administración de justicia”.
Resaltó el proceso judicial del líder opositor y preso de conciencia, Leopoldo López. “Los procedimientos contra líderes políticos y sociales son extremadamente rápido y cuando se solicita al ciudadano común son demasiado dilatados. Además, el 70% de los jueces en nuestro país son provisorios y no tienen estabilidad laboral”.
Finalmente, Veloz denunció la grave crisis humanitaria que viven los venezolanos en materia de seguridad, alimentación, salud y economía. “En Venezuela cada 18 minutos muere un venezolano. En materia alimentaria, la profunda corrupción ha hecho que los recursos de la alimentación vayan a las manos de quienes inescrupulosamente están en esa administración. Sufrimos una grave escasez en comida y medicinas que hace que los venezolanos mueran de mengua. Solicitamos entonces que venga una comisión de la ONU y detecte la fractura que sufre el sistema judicial y la mayoría de los organismos públicos en nuestro país”.
Nota de prensa