La investigación de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en República Dominicana ha provocado la movilización de miles de personas, poniendo en evidencia el hartazgo de la nación ante ese flagelo, una de las principales asignaturas pendientes en el país.
EFE
Sin estructura ni un líder a la vista, un grupo de organizaciones sociales logró concentrar, tras convocar principalmente a través de las redes sociales, a miles de personas el pasado 22 de enero en la capital para repudiar al unísono la corrupción y la impunidad.
Tras el innegable éxito de la convocatoria, realizada poco después de que se dieran a conocer los primeros datos de las presuntas corruptelas de Odebrecht, dichas organizaciones iniciaron la recogida de firmas para exigir al presidente del país, Danilo Medina, la creación de una comisión de fiscales independientes que, acompañados por la ONU, investiguen los sobornos pagados por la constructora brasileña.
El 22 de febrero, decenas de personas acudieron al Palacio Nacional a entregar las más de 300.000 firmas que aseguran haber recogido en la capital y varias provincias del país, una iniciativa poco usual, donde las protestas y las manifestaciones suelen concitar poco respaldo ciudadano.
El movimiento “Marcha Verde”, responsable de la convocatoria, considera que Medina debe asumir “como suya esta causa y dar respuestas inmediatas, reales y profundas a un pueblo que reclama sea revertida esta insoportable degradación moral y ética que pone en riesgo el funcionamiento sostenible de la sociedad dominicana”.
El gobernante no se ha pronunciado sobre este caso, pero el ministro Administrativo, José Ramón Peralta, adelantó recientemente que este se referirá al tema el próximo 27 de febrero en su discurso anual de rendición de cuentas ante el Parlamento.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos República Dominicana.
Los documentos aseguran que, en concreto, la empresa pagó en el país caribeño 92 millones de dólares en concepto de sobornos para acceder a contratos millonarios a lo largo de casi dos décadas.
El Ministerio Público local llegó a un acuerdo con la constructora, pendiente de la homologación judicial, en el que Odebrecht se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos a funcionarios entre 2001 y 2014.
El gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, reveló el pasado 10 de enero que su representante comercial en República Dominicana, Ángel Rondón, fue quien recibió y distribuyó los 92 millones de dólares, según explicó el procurador general tras un interrogatorio al ejecutivo.
Rondón reconoció haber recibido una cantidad similar a 92 millones de dólares de manos de Odebrecht, pero afirmó que esa cifra corresponde a contratos de servicios de representación y no para efectuar sobornos.
Paralelamente a este caso, las autoridades investigan los detalles de la compra en 2008, por parte del Estado, de ocho aviones a la empresa brasileña Embraer, y en la que, presuntamente, se produjeron sobornos por valor de 3,5 millones de dólares.
Cuatro personas han sido imputadas por este caso en el país, entre ellas, el exministro de las Fuerzas Armadas, el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, aunque solo uno, el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, supuesto intermediario de la transacción, guarda prisión.
Recientemente el jefe de Estado se vio obligado a nombrar una comisión para que investigue el asesinato de los locutores en una emisora de radio por un hombre que posteriormente se suicidó, un hecho que, según las primeras informaciones, podría estar relacionado con prácticas corruptas en la venta de terrenos por parte del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
En su más reciente carta a la nación, la Conferencia del Episcopado Dominicano condenó que la juventud del país sufra por la pobreza y por la corrupción de líderes políticos.
El mensaje logró el apoyo del procurador general del país, Jean Alai Rodríguez, quien señaló que las autoridades están enfocadas en que ningún hecho quede impune y que se aplique “una sanción ejemplar contra todo aquel que se pueda comprobar que con sus actuaciones ha afectado la sociedad, quebrantando las leyes del país”.
República Dominicana se encuentra entre los países con los niveles más altos de corrupción, sin embargo, ningún alto funcionario o exfuncionario guarda prisión por este delito en el país, a pesar de las denuncias e imputaciones presentadas en los últimos años.