Diputados a la Asamblea Nacional esperan por el visto bueno de la oficina de Impacto Económico del Parlamento al proyecto de ley para la recuperación de las empresas básicas. Se trata de una propuesta incluida en el informe final de la subcomisión especial para investigar el estado del parque industrial de Guayana, entregado el 8 de junio de 2016 a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo del hemiciclo, publica Correo del Caroní.
Por Jhoalys Siverio
El diputado Francisco Sucre, quien presidió la subcomisión, señala que el proyecto de ley está incluido en la agenda parlamentaria y sería presentado en las próximas semanas por la Comisión de Energía y Petróleo. Entre otros aspectos, la propuesta legislativa contempla criterios para la designación de presidentes de las empresas básicas.
“Los presidentes deben tener una serie de requisitos en cuanto a preparación y experticias profesionales, para evitar que estos presidentes y gerentes sigan siendo personas que no tienen ningún tipo de preparación y conocimiento de los procesos productivos de las empresas, que no sean simples compañeros de partido. Uno de los problemas de las empresas básicas de Guayana es que fueron militarizadas, colocando a funcionarios castrenses que no tienen ni idea de cómo se manejan, como el caso de Justo Noguera, quien presidió Sidor en el momento en que evidenciamos la producción más baja de la historia, 7% de su capacidad instalada el año pasado”, expuso Sucre.
La ley implicaría también garantizar la inversión en las empresas básicas, en especial para su adecuación tecnológica que incide en la producción a pérdidas.
“Estamos a la cola desde el punto de vista de productividad y adecuación tecnológica y nos hace mucho más costosa la producción. Por ejemplo, en Bauxilum el costo de producir una tonelada de alúmina está por el orden de los 2.300 dólares cuando el precio de esa alúmina en el mercado internacional está entre 230 y 250 dólares, estamos produciendo a pérdida en la mayoría de las empresas”, destaca el parlamentario, quien además de la corrupción, denuncia la orfandad gerencial en la parque industrial.
Sucre agrega que otro de los elementos resaltantes del proyecto de ley es implementar la inversión de un porcentaje del presupuesto nacional a las empresas básicas, el cual realizaría anualmente.
“Tiene que ser una inversión constante para garantizar la recuperación y adecuación tecnológica de las empresas básicas, para que sigan siendo la alternativa no petrolera en el país”, puntualizó.
Casos de corrupción
Del resultado de la investigación de la subcomisión presidida por Sucre e integrada por Américo De Grazia y Carlos Gómez, con análisis en ocho áreas, se determinó que la crisis de las empresas básicas se concentra en la falta de inversión, de gerencia y la corrupción.
Al respecto Sucre menciona las denuncias recibidas sobre un presunto desfalco de 77 millones de dólares, caso que fue remitido a la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, junto a denuncias de la misma índole en Sidor. Agrega que para abril estaría asistiendo una comisión de diputados a ambas compañías para una inspección en ellas.
El diputado Freddy Valera, miembro de la Comisión de Contraloría, destaca que en el proceso de averiguaciones se ha solicitado a las estatales información de sus contratos y actividad financiera, sin que hasta ahora ninguno de los presidentes de las fábricas envíe información para cotejar con las denuncias de corrupción que han recibido.
Aunque realizarán nuevamente la solicitud, Valera hace hincapié en que “a través de la vía militar se ha profundizado aún más la corrupción en las empresas básicas”, mientras que la evasión de la gerencia del parque industrial se estaría escudando en la sentencia de desacato que pesa sobre el Parlamento.
No obstante, el legislador Freddy Valera recuerda que antes de que el Tribunal Supremo de Justicia dictara el desacato contra la AN, el presidente Nicolás Maduro había ordenado que toda solicitud al Ejecutivo pasara por la Vicepresidencia de la República; es decir, “crean cuellos de botella para que las investigaciones no se desarrollen”.
Sobre las denuncias de corrupción, Valera coincide con Sucre en que uno de los casos más resaltantes es el de Ferrominera. Precisa que en la gestión del general Jesús Zambrano había cinco empresas que actuaban en complacencia en distribución de contrato, participaban juntas y este general favorecía a estas compañías con la estación de transferencias, la administración del patio. “Es una de las empresas de las que tenemos más denuncias”.