La firma estadounidense de análisis geoestratégico Strattfor publicó en su portal web un análisis del aumento de la presión del gobierno de Donald Trump sobre el de Nicolás Maduro y las posibles consecuencias internas y regionales. En traducción libre del original en inglés por lapatilla.com
Resumen
Cada vez más, las preocupaciones del gobierno venezolano se extienden más allá de la oposición política interna. El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha demostrado su intención de aumentar aún más la presión sobre el gobierno de Venezuela, cuyos imperativos están en desacuerdo con los de su propia administración. Washington parece dispuesta a imponer nuevas sanciones a funcionarios y entidades venezolanas, tal vez incluso contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Trump, además, ya ha discutido el asunto con líderes regionales, incluyendo a los presidentes de Perú, Argentina, Colombia y Panamá. A medida que la izquierda política pierde influencia y cargos electos en toda América Latina, los gobiernos de derecha en la región pueden estar más dispuestos a prestar atención a Washington y adoptar una postura más dura sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Los líderes venezolanos, a su vez, podrían enfrentarse a un desafío a nivel regional para continuar su gobierno.
Análisis
A pesar de su renuencia histórica a interferir en los asuntos de los demás, los líderes sudamericanos se están preparando para lidiar con las consecuencias de la desintegración de Venezuela. El Mercado Común del Sur (Mercosur) votó en diciembre de 2016 para suspender parcialmente a Venezuela de la organización, una señal de creciente enemistad hacia el gobierno de Maduro en Brasil y Argentina, los dos mayores miembros del bloque. Para aislar aún más a Venezuela, Washington podría imponer sanciones adicionales dirigidas contra instituciones y personas en el país, mientras que también presiona a los gobiernos regionales para que adoptaran una posición más dura hacia la administración de Maduro.
Los esfuerzos de Estados Unidos podrían eventualmente llevar a los jefes de estado regionales a patrocinar un voto en la Organización de Estados Americanos (OEA) para determinar si las acciones del gobierno venezolano han violado la Carta Democrática Interamericana de la organización. La administración de Maduro, por ejemplo, ha pospuesto repetidamente las elecciones regionales constitucionalmente establecidas para asegurarse un funcionamiento fuerte del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además, el servicio de inteligencia venezolano se ha negado a liberar a importantes presos incluyendo al miembro de la oposición política Leopoldo López y a Joshua Holt, un ciudadano estadounidense, a pesar de las objeciones de Washington y de otras dependencias del gobierno país, como el Ministerio de la Defensa.
Formar un Frente Regional
La OEA sería un lugar lógico para que Estados Unidos intentara censurar al gobierno venezolano. Después de todo, la Carta Democrática Interamericana pide a los Estados miembros que actúen para preservar la democracia en otros países signatarios, suspendiendo principalmente aquellos que desafían los términos del pacto. Y aunque la organización se negó a tomar medidas contra el gobierno venezolano, una votación que concluyera que Caracas había roto la carta podría justificar mayores sanciones estadounidenses contra el país. También podría impulsar a otros estados latinoamericanos a reconsiderar sus propias políticas hacia Caracas. Los gobiernos de la región podrían, por ejemplo, ir tras los activos de los funcionarios venezolanos bajo investigación o negarles el santuario en caso de que un mayor malestar social los lleve al exilio.
Ya el deterioro de la situación económica en Venezuela ha llevado a sus ciudadanos a huir a Brasil y Colombia. Ambos países están programados para celebrar elecciones el próximo año que jugarán un papel significativo en la determinación de sus políticas hacia la administración de Maduro. Si los colombianos eligen a un líder del partido conservador del Centro Democrático en 2018, el gobierno de Bogotá tendría más probabilidades de unirse a los esfuerzos dirigidos por Estados Unidos para aislar a Venezuela. Por otro lado, los votantes brasileños podrían dar paso a un gobierno más izquierdista, por ejemplo bajo el Partido de los Trabajadores del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, un resultado que probablemente complicaría los intentos de Washington de traer al país a una alianza contra Venezuela.
Una solución más simple
De hecho, es posible que el gobierno de los Estados Unidos encuentre más fácil seguir atacando a Venezuela por medio de sanciones que organizar una respuesta regional. Venezuela aún tiene aliados en la OEA, particularmente entre las naciones más pequeñas del Caribe y de América del Sur de la organización, muchas de las cuales han dependido históricamente de su suministro de combustible. Habida cuenta de sus vínculos con Caracas, países como Haití, San Cristóbal y Nieves, Granada, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Guyana y Suriname no votarían en contra de Venezuela. Y si otros países miembros que son típicamente cautelosos de cooperar políticamente con Estados Unidos, como Chile, se abstuvieran de votar para suspender el país de la OEA, los aliados de Caracas podrían frustrar ese plan para presionar al gobierno de Maduro.
Mientras Washington trabaja para frenar el gobierno de Maduro en los próximos meses, las fuerzas de seguridad y el liderazgo civil del PSUV probablemente aumentarán su apoyo al presidente. La élite política venezolana se ha quedado sin otras opciones. Ante la creciente presión nacional e internacional, los miembros más prominentes del gobierno vacilarán en alterar el statu quo. Por su parte, la administración de Maduro continuará haciendo propuestas a la oposición Mesa de la Unidad Democrática para tratar de alentar a al menos alguna facción de la coalición dividida a unirse a ella en las negociaciones patrocinadas por el Vaticano. Las conversaciones no sólo darían al gobierno la apariencia de comprometerse con su oposición, sino que también comprarían tiempo a la administración de Maduro para buscar formas de estabilizar la economía colapsada y evitar el incumplimiento de la deuda externa.
Independientemente, los Estados Unidos seguirán teniendo la ventaja. Si la administración Trump impone fuertes sanciones a PDVSA, impidiendo así que las empresas y empresas estadounidenses sujetas a la jurisdicción de Washington hagan negocios con la empresa petrolera, podría anunciar la ruina de Maduro. Caracas depende del petróleo para alrededor del 95 por ciento de sus ingresos totales de exportación, y ya ha tenido que recortar las importaciones en los últimos años como resultado de la limitada capacidad de producción y las sanciones. En 2016, las importaciones de Venezuela llegaron a sólo $ 18 mil millones, una fracción de los $ 66 mil millones que alcanzaron en 2012. Las severas sanciones a la compañía estatal de petróleo y gas sólo intensificarían la crisis económica y probablemente también las divisiones dentro del gobierno sobre si Venezuela debería continuar por el camino del aislamiento internacional.
Si más sanciones harían que la administración de Maduro cambiara de rumbo depende de la dinámica interna del partido gobernante.