La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llegó este martes a los tribunales federales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que está imputada por presunto lavado de dinero y cohecho cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces. EFE
La viuda del también expresidente Néstor Kirchner acudió a la sede judicial minutos antes de las 9.00 hora local, cuando había sido citada por el juez Claudio Bonadio, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
En el exterior de los juzgados se reunieron decenas de militantes kirchneristas, a pesar de que la propia Fernández había pedido a sus seguidores que, en lugar de ir a mostrarle su apoyo, participasen de la movilización convocada hoy por la Confederación General de los Trabajadores, la central sindical más importante del país, contra las políticas económicas del Gobierno de Mauricio Macri.
Según adelantó el abogado de la exmandataria Carlos Beraldi, Fernández tiene previsto presentar un escrito y no responder preguntas, como ya hicieron ayer sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, también imputados en la causa.
Bonadio ha citado a declarar, entre otros, a Fernández, sus hijos y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez -que ya comparecieron días atrás-, por presunto lavado de dinero y cohecho.
La causa que investiga a Los Sauces surgió en abril de 2016 a raíz de una denuncia presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
La acusación apunta a que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y creada en 2006 por el matrimonio presidencial y Máximo, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de esos empresarios, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
En su escrito, Máximo, de 40 años, que actualmente es diputado por el kirchnerista Frente para la Victoria, consideró ayer un “verdadero disparate” sospechar que el pago de alquileres a Los Sauces fuera parte de “retornos” por la concesión de obra pública.
Fernández, que dejó la presidencia argentina en diciembre de 2015 y está afectada por diversas causas, niega todos los cargos que se le imputan e insiste desde hace meses en que ella y su familia son víctimas de una persecución política, mediática y judicial avalada por el Gobierno de Macri.