“El bono es ley, pago ya”, fue la consigna empleada este martes por los pensionados y jubilados que se concentraron en la Plaza de la Moneda, al lado del Banco Central de Venezuela, para exigir que se cumpla con la Ley del Bono de Alimentación y Medicinas, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 30 de marzo.
Nota de prensa
A casi un año de su sanción por parte del Parlamento, aún el Ejecutivo no ha concretado el pago establecido en la norma, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia, en abril de 2016, sentenció que la norma es constitucional. En esa oportunidad, el máximo tribunal del país solicitó que se hiciera un informe socioeconómico donde se precisara cuál sería la fuente de financiamiento. Ese informe fue elaborado por la Asamblea Nacional, pero hasta la fecha no se ha cancelado el bono.
Ante esta situación, los pensionados y jubilados decidieron ir desde la Plaza de la Moneda hasta la Vicepresidencia de la República para consignar el informe socioeconómico. “Vamos hoy con el objetivo de llevar el informe al vicepresidente de la República para que dé información y le lleve de nuevo a Nicolás Maduro una copia del informe, y también a la Ministra para la Secretaría del Despacho del Presidente y Seguimiento de la Gestión, que no sabemos cuál es la gestión que le sigue, porque sencillamente no da respuesta. En el TSJ hay un expediente de 110 páginas y este informe no aparece, por lo tanto es letra muerta”, dijo Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados.
Por su parte, el secretario general de la Federación, Omar Vásquez, anunció que el próximo 30 de marzo, cuando se cumplirá el año de la sanción por parte del Poder Legislativo, los pensionados y jubilados llevarán una torta a la plaza para cantar el cumpleaños.
La protesta no solo sirvió para llevar los documentos a las respectivas instancias sino también para que algunos pensionados y jubilados del magisterio, como Pedro García, manifestaran su descontento con la actitud asumida por Aristóbulo Istúriz, quien, según afirmaron, “se la pasaba parando escuelas y defendiendo a los trabajadores” pero hoy esconde las comunicaciones para que se tramite el pago del bono.
También hubo otros reclamos como el de Ariany Bruzual, quien afirmó que la pensión no les alcanza para medicinas ni para recreación. “Tenemos derecho a la recreación después de que le hemos dado a este país lo mejor de nuestras vidas… Esto es una eutanasia progresiva. Ahora como no estamos activos, nos desechan”, dijo.
Posición similar fue expuesta por Milagros Infante, quien destacó que los pensionados y jubilados son “una especie en extinción” para el gobierno. “Resulta que ahora nos están aplicando una muerte progresiva”, enfatizó.
Aseguró que los medicamentos que requiere tienen un costo mensual de 42 mil bolívares, por lo que “o los compro o como”. Criticó que para el gobierno esté primero la celebración del carnaval de Caracas con un costo de 600 millones de bolívares, que cumplir con el compromiso que tienen con jubilados y pensionados.