El homicidio de un alguacil en un bar de mala muerte en la localidad de Campo C, estado Táchira, antro que se negaba a pagar vacuna al grupo criminal Los Paracos, quienes fueron a cobrar lo suyo la noche del 30 de mayo de 2008, por las malas, asesinando a 7 personas más, desató una pervertida acción penal contra igual número de ciudadanos, condenados a 30 años de prisión por el testimonial de un “único testigo”, creado, al estilo de Giovanni Vásquez, por el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, para complacencia de la amante de Leonardo Salcedo, candidato del PSUV a la Gobernación en esa entidad, la juez Indira Magally Ruíz Useche, prima del funcionario judicial asesinado y presumida amiga cercana de la Magistrada Deyanira Nieves, a la sazón Presidenta de la Sala Penal del TSJ.
Los vínculos partidarios activados por la barragana surtieron efecto, el Ministerio Público y el CICPC desecharon las pruebas que apuntaban a los verdaderos culpables, sicarios de Los Paracos. Ante esa “presión oficial”, establecieron la culpabilidad de 5 civiles y 3 funcionarios policiales -entre ellos un oficial de impecable trayectoria y loable formación académica-, con insuficiencia de medios probatorios, basados únicamente en el testimonio del testigo montado, Gil Alberto Chacón Useche, un delincuente que sobrevivió a la masacre. Sus testimoniales en juicio al igual que en las pruebas anticipadas irregulares fechadas estando Useche en terapia intensiva o cuando aún no había recuperado la plenitud de sus facultades mentales, adolecen de inconsistencias insalvables, circunstancia agravada por el hecho de no haber podido reconocer a ninguno de los ciudadanos que incriminó, menos al oficial que aseguraba conocer ampliamente.
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Barinas, erróneamente convalidó tal vicio al declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación de la sentencia condenatoria. Se interpuso Recurso de Casación ante la Sala Penal, correspondiéndole la ponencia al ex magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, “el juez que decidió sobre el caso de la jueza Lourdes Afiuni”, quien argumentando que a los condenados NO se les había violado los principios de presunción de inocencia y de “in dubio pro reo” o suficiencia probatoria, con la anuencia de sus colegas declaró SIN LUGAR esa acción recursiva acompañada de las pruebas que demostraban los vicios procesales y quienes eran los verdaderos culpables, más pudo la presión de los familiares de las víctimas, visiblemente manipulados por personeros gubernamentales del estado Táchira.
Héctor Manuel Coronado Flores, con la misma desfachatez que ratificó la condena a los penados por la Masacre de Campo C, a finales de 2013 abogó por un homicida, condenado a 15 años de prisión, discrepando, con un VOTO SALVADO, de una decisión de sus colegas que declaró SIN LUGAR un Recurso de Casación, Exp. 2012-116, porque en su opinión dicho criminal no debía seguir privado de libertad por haber sido condenado con base al testimonial de “una única testigo”, algo simplemente siniestro, Coronado Flores dejó tras las rejas a los penados de Campo C desechando esa misma circunstancia violatoria de nuestra norma adjetiva penal, evidenciando el sesgo político de este expediente prefabricado.
¡Táchira tierra de Héroes! Bajo esa consigna la Diputado Gaby Arellano (@gabyarrelanoVE) está llamando a luchar “por nuestros presos políticos” este 11 y 12 de marzo. Después de 8 años presos injustamente, en el marco de la lucha convocada, los penados de Campo C merecen salir de la orfandad en que se encuentran, porque se han ganado el estatus de presos políticos a fuerza de resistir la iniquidad del Poder Judicial como héroes.