La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, comprometida con la formación de individuos conscientes de los valores de justicia y libertad, expresa su preocupación ante la institucionalización del proyecto del Ejecutivo Nacional llamado Gran Misión Justicia Socialista, contenido en el Decreto N° 2.718, publicado en la Gaceta Oficial No. 41.090 de 7 de febrero de 2017, mediante la creación del ente descentralizado de la Administración Pública Nacional, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Científica y Tecnológica.
Nota de Prensa
En primer lugar, como proyecto de educación universitaria la Gran Misión
Justicia Socialista viola la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109 de la Constitución, garantía de la búsqueda objetiva del conocimiento a través de la investigación en las distintas áreas del saber, debido a que esa misión tiene por
objeto imponer la doctrina socialista en la formación de los abogados egresados
de la Universidad Nacional Bolivariana. Así mismo, viola los principios rectores
de la enseñanza universitaria, consagrados en la Ley de Universidades, conforme
a los cuales ésta debe estar inspirada en el espíritu democrático, de justicia social
y de solidaridad humana, y estar abierta a todas las corrientes del pensamiento
universal, que deben enseñarse de manera rigurosamente científica y no con fines de adoctrinamiento ideológico.
Entre los objetivos de la Misión Justicia Socialista, según se lee en el Decreto, está
el fortalecimiento del Poder Popular creado en la Ley Orgánica del Poder Popular, al margen de la Constitución, sin embargo, ninguno de los Poderes Públicos está facultado para crear nuevos poderes públicos. De tal manera, el Decreto de creación de la referida misión sufre de la misma inconstitucionalidad que afecta al pretendido Poder Popular. Conforme al artículo 5 de la Constitución la soberanía reside de manera intransferible en el pueblo, quien la ejerce directamente o a través de los representantes del Poder Público según las formas previstas en el artículo 136 de la misma Carta Magna, norma que no contempla ni crea un Poder Popular.
En segundo lugar, el Decreto desconoce los valores esenciales de la democracia
al imponer al Poder Judicial políticas en materia judicial en franca violación de la
separación de poderes que impediría al Poder Ejecutivo inmiscuirse en la forma
cómo se desarrolla otra rama que constitucionalmente goza de autonomía e
independencia. Igualmente es cuestionable el silencio del Poder Judicial frente al
referido Decreto. Al punto que su anuncio se efectuó en la propia sede del Tribunal Supremo de Justicia, con ocasión del acto de inicio del año judicial el 7 de febrero de 2017.
No existe un trato igualitario del Poder Judicial frente a la intromisión del Poder
Ejecutivo al crear la Gran Misión Justicia Socialista frente a otros poderes como la Asamblea Nacional, cuando pretendió dictar la reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia y fue declarada inconstitucional por considerar que
sólo corresponde al Poder Judicial la iniciativa en materia de política judicial.
En tercer lugar, el Decreto atenta contra dos valores humanos esenciales: el
libre desarrollo de la personalidad humana y el pluralismo, al circunscribir sus
considerandos a los egresados de una única universidad –Universidad Bolivariana de Venezuela– y a una única línea de pensamiento –socialismo–.
En cuarto lugar, incurre en un grave error al calificar el ejercicio de una profesión liberal como es el Derecho con una profesión mercantilista, nada más alejado de la realidad. Además, el Decreto ignora la prolífica doctrina de los Tribunales de la República que han negado pacífica y reiteradamente el cobro del impuesto por patente de industria y comercio a los abogados que ejerzan su profesión al no considerarla como el ejercicio de una actividad mercantil.
Finalmente, en el Decreto se hace referencia a los objetivos de participación
protagónica del Poder Popular en la transformación sustancial del ordenamiento
jurídico. En sus considerandos, se enuncia la iniciativa legislativa popular, “en pro de un pueblo legislador que ejerza el poder constituyente en la dimensión comunitaria… en la construcción de leyes revolucionarias”, ello aunado al parlamentarismo social, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ~ Uiversidad Monteávila al que hace referencia el artículo 2 del Decreto, atenta contra el ejercicio de la potestad legislativa constitucionalmente atribuida a la Asamblea Nacional, única representante y expresión de la voluntad general.
Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila
rechazamos los objetivos de la Misión Justicia Socialista, que persiguen sustituir el valor axiológico de justicia por una concepción ideológica conforme a la doctrina socialista, al margen de la Constitución. Y reiteramos nuestro compromiso con la enseñanza inspirada en los valores de justicia y libertad, que permita a nuestros estudiantes desarrollar a plenitud su personalidad desde una perspectiva humanista; y alcanzar la excelencia académica a través de la búsqueda constantede la verdad y la profundización del saber.
Dado en el salón se sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas el 6 de marzo de 2017.