Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, exhortó al Consejo general de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que sancione al Estado venezolano del que es miembro, “porque está como un parapeto que actúa de forma hipócrita, al burlarse de las resoluciones que se emiten allí frente a lo que acá ocurre sobre violación sistemática de DDHH y no permitir la entrada de la ONU a Venezuela”.
Destacó que el Alto comisionado de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en la reunión que efectuara el pasado 8 de marzo hizo una serie de recomendaciones que al igual que las hechas hacia Venezuela en 2016, insisten en el cese de la persecución a los medios de comunicación social, el cese de la represión militar así como la vulneración de Derechos Humanos en el país, y el combate efectivo a la pobreza.
“Mientras la ONU recomienda el fin de las detenciones arbitrarias, tenemos un organismo como el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, que hace lo que le da la gana, convirtiéndose en persecución penal cuando no es su competencia y también en Poder judicial, porque decide a dónde van los detenidos pasando por encima de los organismos legalmente constituidos para este fin, el Ministerio Público y el Poder judicial”, subrayó.
En cuanto a la posición asumida por el embajador ante la ONU, Jorge Valero, condenó que pretenda asumir en Ginebra funciones de juez, o las veces del Ministerio Público, cuando rechazó el planteamiento del Alto comisionado Zeid Ra’ad al Hussein, quien planteó la liberación de los presos políticos y a quienes Valero catalogó de “criminales”.
Advirtió que se le ha pedido a Venezuela desde hace 15 años que permita la entrada al país a relatores y expertos en el tema de los Derechos Humanos, sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso de esta solicitud, aseguró.
Narváez acusó al Poder ejecutivo de mantener un estado de excepción perpetuo para restringir las garantías constitucionales y poder así, criminalizar la protesta pacífica, lo que en su opinión ha permitido una, “represión desmedida” por parte de los militares a quienes protestan públicamente contra el hambre, la falta de medicamentos y de salud.
Insistió en la urgente necesidad de volver a la autonomía del Poder judicial en donde sea posible la toma de decisiones por encima del foro político existente. “Recomendación hecha también en 2016 para Venezuela por el Alto comisionado en materia de Derechos Humanos y que el gobierno de Nicolás Maduro simplemente ignoró.
“Es triste ver como los poderes públicos se subordinan al Gobierno nacional, no dan respuesta y obligan a los activistas de Derechos Humanos y víctimas a trasladarse a los espacios internacionales sobre este tema”, sentenció.
Nota de prensa