En un país donde el gobierno constituye un “comando antigolpe”; donde la Ministra de Asuntos Penitenciarios aparece fotografiada con algún preso de alta peligrosidad dentro de la cárcel como si de un acto social se tratara; donde se acaba de nombrar, para dirigir al Tribunal Supremo de Justicia, a un exconvicto, esto es, a una persona con antecedentes penales, tal como lo reseña la prensa venezolana; en un país donde se han establecido “zonas de paz” para dialogar con la delincuencia; en un país en cuyas oficinas públicas se colocan avisos prohibiendo hablar mal de Chávez; en un país así, lleno de programas sociales denominados “misiones”, pero donde no hay misioneros de verdad, que se establezca una Misión para desarrollar y lograr la Justicia Socialista, como lo hizo Maduro mediante el Decreto Nº 2.718, del 07 de febrero de este año 2017, no debería asombrar a nadie.
Se comprende, sin embargo, que en el mes que lleva publicado en la Gaceta Oficial Nº 41.090, de aquella misma fecha, sean de las universidades y del gremio de abogados de donde provengan las mayores críticas y signos de preocupación por esta nueva medida del gobierno, la cual, de todas las misiones, y ya van más de treinta, pareciera la más intangible de todas, y una de las de mayor contenido ideológico, al menos, por el potencial que encierra.
Analizar los diferentes considerandos que soportan al decreto, o las motivaciones que explican sus objetivos, no tiene mayor sentido, si se quiere buscar la verdadera intención del gobierno con su promulgación; además de que están embadurnados con todo ese lenguaje populista lleno de referencias a la revolución, a las comunidades, a la transformación social, al poder popular, etc., que puestos juntos, en sintaxis ordenada, carecen de sentido.
Así, por ejemplo, decir que: “La “MISIÓN JUSTICIA SOCIALISTA” tiene como objetivo primordial promover procesos de investigación-acción dirigidos a cimentar un nuevo tejido institucional-comunitario a fin de direccionar una definitiva revolución en el sistema de administración de justicia”, es decir nada, pues la verdadera revolución en la administración de justicia, tan necesaria en Venezuela, no va a venir de las comunidades, y el gobierno lo sabe; sobre todo, por qué es el propio gobierno el responsable del caos y anarquía actuales del sistema judicial venezolano. Como tampoco es cierto que ese nuevo tejido institucional-comunitario, en el caso de que se pudiera crear, sea el que va a “coadyuvar en la lucha contra la impunidad, continuar la profundización de la igualdad en el acceso a la justicia” como parte de dicho objetivo, pues cualquiera que viva en este país, sabe bien de donde proviene la impunidad y quienes la protegen.
Las acciones propuestas en el decreto, para alcanzar aquellos fines, tales como el “apoyo jurídico al Poder Popular y atención de grupos vulnerables”, el “fortalecimiento de la democracia participativa”, la “defensa popular de la soberanía e integración de los pueblos, la “formación e investigación socio jurídica”, o la “transformación de la ética profesional” (promoviendo una transformación de la concepción de la profesión de Abogado y su ejercicio), no dejan de ser parte de los postulados que, dentro del discurso hueco del socialismo, se vienen repitiendo, de una u otra manera, durante estos tres largos lustros de gobiernos chavistas. La última de esas acciones o postulados, realmente da risa, mas allá de la indignación que ha causado entre los abogados; principalmente en un país donde casi todos los jueces prevarican, quizás porque el código penal no lo contempla como delito para ellos.
Llama la atención, que la frase más usada en el decreto sea “acceso a la justicia”, pues verdaderamente este es un problema que afecta a la sociedad venezolana en general, pero sobre todo a las clases populares, las cuales en estos últimos dieciocho años, se encuentran aún más marginadas de lo que estaban antes de 1999; no solo para poder acudir a un tribunal, algo casi imposible, sino incluso para acceder a un ministerio o un organismo público de los cientos que conforman la administración pública venezolana.
El Decreto en cuestión lo que realmente busca, es seguir fortaleciendo el “poder comunal”, en el que tanto empeño puso Chávez, en franca violación a la constitución de 1999, la cual se deroga un poquito todos los días; dándole facultades a las comunas y consejos comunales para actuar con su propia justicia comunal en la resolución de los asuntos comunales, junto a los jueces de paz comunal, etc.
En resumen, un auténtico ejemplo de eso que se llama hipocresía socialista.
@xlmlf