Hoy cuando algunas de las organizaciones políticas han aceptado la exigencia de renovación de sus nóminas de militantes para optar a su revalidación ante el Consejo Nacional Electoral, pese a las arbitrarias y desventajosas condiciones impuestas para participar en el proceso, es necesario expresar algunas consideraciones sobre el tema.
En primer lugar, resulta posible admitir que dentro de un Estado de derecho, deben existir normas para el funcionamiento de cualquier tipo de organización con aspiraciones de participar en actividades compatibles con el desarrollo de una sociedad; y visto desde ese punto de vista, consideramos como una obligación aceptarlo, e incluso como una estrategia válida, en el caso venezolano, para evitar incurrir en errores como los que en el 2005 impidieron al sector democrático de la población tener representación ante la Asamblea Nacional. Imperdonable, podríamos decir.
Pero estimamos también, que lo planteado actualmente en el país no es solo la revalidación de las organizaciones con fines políticas, sino que existe una lista larga de instituciones que deben también someterse a procesos particulares de revalidación.
Quién en estos momentos de la historia del país pudiera desconocer que existe en Venezuela una ilegalidad absoluta de las instituciones del Estado que están obligadas a ponerse a derecho. Detengámonos, por un momento a analizar el panorama político e institucional del país, y comencemos por el partido que sirve de apoyo al actual gobierno.
¿Considera usted, amigo lector, que el PSUV actúa apegado a la Constitución y leyes de la república, cuando conforma organizaciones de carácter paramilitar, unos equipados con armas de fuego provistas por las propias Fuerzas Armadas y otras con su propio poder de fuerza bruta respaldados por el propio Presidente para agredir a ciudadanos ubicados en el campo de la oposición? Basta solo con hacer seguimiento a lo que publican los medios de comunicación social, especialmente los extranjeros que dan cuenta de los permanentes atropellos, para responder esta pregunta. Entonces, si de legitimación se trata, debemos comenzar por aquí, obligando a esa auténtica banda de ilegales a someterse a los dictados de las leyes del país.
De igual manera, podríamos continuar con la situación que hoy presenta el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, pues aquí lo supremo es la injusticia que se comete contra honorables ciudadanos, perseguidos y torturados, en flagrante violación de sus más elementales derechos civiles y humanos; además de su ilegal composición, violatoria de lo que dispone la Constitución de la República. Habría que comenzar, en este caso, por devolverle la legalidad secuestrada a la Asamblea Nacional, para relegitimar siguiendo las normas constitucionales de selección de los magistrados auténticamente cualificados para ejercer tan altos cargo ante esta fundamental institución del Estado.
Seguiríamos con el Consejo Nacional Electoral, derribando la dictadura de la señora Tibisay que, con el apoyo del grupo de rectoras que la acompañan, comete el delito de robo continuado del derecho de los venezolanos a elegir y revocar gobernantes.
Después, devolveríamos al estamento militar a sus cuarteles para que cumplan con las funciones que para esa institución establece la Constitución, en lugar de continuar convertida en vergonzoso apéndice de un partido y de un régimen que decretan un sistema político y una doctrina de gobierno que no aparece en ningún lugar de nuestra violada Carta Magna. Revisemos en qué lugar de la Constitución se expresa que el Estado venezolano es socialista o chavista, para que sus oficiales y tropas repitan las ridículas consignas que a cada momento vociferan.
Igualmente revisaríamos lo que está sucediendo con la designación de gobernadores por parte del Presidente de la República, que atropellando la voluntad popular expresada en las urnas electorales, destituye a los elegidos por el pueblo y coloca en su lugar a los que les indique el PSUV.
Pero, para que todo esto funcione, necesario será insistir en la invalidación o en la relegitimación del propio Presidente, y este es el derecho de los ciudadanos venezolanos por ahora vulnerado por la desinstitucionalidad del país.
Por eso, debemos insistir: no hay otro camino que el electoral, para que sea el pueblo venezolano quien a través de una presión constante, en definitiva, desentierre y relegitime la democracia hoy sepultada en las “catacumbas” del chavismo.
@JJMorenoA