“La pobreza no es una condición natural de los seres humanos, es una imposición artificial” (Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz 2006).
“Mío” es una de las primeras palabras que aprende a decir un niño y es la primera manifestación del derecho de propiedad. Un derecho que abarca los bienes capaces de ser apropiados, que da a las personas el dominio sobre lo propio y hace que tomen conciencia de sus recursos para disponer libremente de ellos. La mayoría de los economistas reconocen que los derechos de propiedad contribuyen al desarrollo económico y a la prosperidad, conceptos inseparables y directamente relacionados entre sí. Sin embargo, en Venezuela hay millones de hogares que todavía viven sin derechos de propiedad sobre sus viviendas, sin documentos registrados y sin seguridad jurídica.
Una vivienda sin título es insegura, no se puede vender ni traspasar a los hijos. En los barrios no se mejoran las viviendas debido a la inseguridad legal y los niños permanecen en sus casas sin ir a la escuela, mientras sus padres trabajan, para evitar que las invadan. Estas familias, aunque representan a la mayoría de la población, se encuentran marginadas porque sin títulos de propiedad su vivienda es un capital muerto e inservible. No puede ser aprovechado para conseguir préstamos, constituir micro-empresas y crear riquezas. La realidad los obliga a operar en la ilegalidad y en la economía informal.
Pero este capital muerto sí tiene valor, porque los habitantes de los barrios no son tan pobres. En Venezuela con una población aproximada de 30 millones de habitantes, 80% de población urbana, 60% de la población viviendo en barrios, 50% viviendo debajo de los índices de pobreza y 60% ubicada en la economía informal, ese capital debe oscilar por los 100 mil millones de US$; cantidad que superaría el monto de los depósitos en los bancos comerciales y la inversión extranjera directa. Con la titularidad de esas viviendas se le daría vida a ese capital muerto y los actuales poseedores pasarían a ser propietarios. Podrían vender esos bienes, cambiarlos, darlos en garantía, invertir, hacer negocios y traspasarlos a sus hijos; siendo eso un factor o elemento de movilidad social.
El economista Hernando de Soto, presidente del “Instituto Libertad y Democracia”, autor de las obras El misterio del Capital, Realizing Property Rights y El otro Sendero, opina que “la informalidad constituye un obstáculo para el desarrollo y la opción para salir de la pobreza consiste en otorgar títulos de propiedad”. El año pasado fue invitado por el diputado Julio Borges, Coordinador Nacional de Primero Justicia, para participar en foros y conferencias sobre los proyectos “Ley de Regularización de la propiedad de Tierra Urbana y Urbanización de Barrios Populares” y “Ley de Titularidad de Propiedad para la Misión Vivienda”.
El 26 de enero de este año 2017, en sesión celebrada en Petare el barrio más grande del país, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Propiedad de la Tierra Urbana” (Ley de Barrios), propuesta por los diputados del Bloque de la Unidad Democrática. Con este instrumento legal podrá dárseles la propiedad de la tierra a los habitantes de barrios consolidados, propiciar su urbanización y la instalación de los servicios públicos.
Pero, esta ley es solo un primer paso para salir de la pobreza. Después será necesario orientación para mejorar las finanzas informales y convertirlas en mecanismos seguros y capaces de satisfacer las necesidades de ahorro, inversión y crédito; y asesoría para que formen parte del sistema bancario, adquieran préstamos y organizarlos para el emprendimiento, Para esas gestiones en Venezuela tenemos importantes ejemplos de instituciones, como los BanKomunales de Salomón Raydán y Eureka A.C. de Simón Parisca.
Sin embargo, esto únicamente será posible, cuando los venezolanos logremos el cambio de gobierno y de sistema en el cual estamos empeñados desde hace años y para lo cual todos debemos prepararnos desde ya.
*Abogado
@JMColmenares