En los últimos años los venezolanos han estado sometidos a importantes restricciones en el acceso al servicio eléctrico; en particular, durante el primer semestre de 2016 cuando se agudizó la crisis eléctrica afectando a todas las ciudades del país. La severidad de la situación se constató a partir de una serie de acciones extremas e inéditas emprendidas por el Ejecutivo Nacional: el racionamiento generalizado de hasta ocho horas diarias de electricidad, la suspensión de actividades en escuelas y liceos, la paralización de la industria nacional, la limitación en el horario de funcionamiento del sector comercial y entes públicos, que trajo como consecuencia la inoperatividad de la Administración Pública.
Nota de prensa
El 18 de febrero de 2016, la Asamblea Nacional acordó designar una comisión especial mixta, conformada por diputados de las Comisiones Permanentes de Administración y Servicios, Energía y Petróleo, y Contraloría, para atender todo lo atinente al trabajo parlamentario sobre el tema de la Crisis del Sistema Eléctrico Nacional.
La Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica en el País presidida por el diputado y Jefe de la Fracción Parlamentaria de Primero Justicia Jorge Millán, después de un año de trabajo de investigación, presentó una Ley que impone cambios en el régimen legal de la materia y que define una nueva manera de gestionar el sector eléctrico. “Hoy los venezolanos pierden sus artefactos eléctricos y comida por el mal manejo que se está realizando desde CORPOELEC y el Gobierno Nacional, mientras Motta Domínguez anda en las cavernas lanzando flechas, y esperando a que llueva para solventar la crisis eléctrica que afecta al país”, denunció Millán. El parlamentario resaltó la importancia de regularizar desde la Asamblea Nacional la situación del sistema eléctrico. “Por eso nosotros proponemos con esta Ley garantizar el suministro del servicio y que tengamos la mayor producción de electricidad, y que los venezolanos podamos gozar de ella, y también ser exportadores de la misma, para lograr la potencialidad de desarrollar al país, y eso no se logra si no tenemos la capacidad energética necesaria y hoy estamos cubriendo la demanda mínima de la cuota”.
El instrumento ya aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, fue redactado por el ingeniero Simón Saturno, quien resaltó algunos detalles de la exposición de motivos del instrumento legal que está en fase de consulta pública: “va a permitir desarrollar las disposiciones de la Constitución que garantizan un servicio eléctrico eficiente y de calidad. Es un proyecto que va dirigido a establecer un marco institucional que va asegurar que quienes prestan el servicio, lo hagan de manera adecuada y que cuando haya fallas, haya penalizaciones y compensaciones a los usuarios cuando ello les genere daños”. El también abogado explicó que el proyecto de ley separa y diferencia las funciones del Estado en tareas independientes, es decir, “la función política del ministerio con competencia en la materia debe limitarse a ello, a definir políticas a través del Plan de Desarrollo del Servicio Eléctrico. Debemos trabajar para penalizar a quienes incurran en el mal manejo del sistema, por eso los políticos deben dedicarse a lo suyo, los operadores a operar, y el fiscalizador a fiscalizar”, concluyó Saturno.
Otro aspecto destacable, según el ingeniero Manuel Guevara, asesor de la comisión mixta, es que la nueva ley prevé una gerencia del sector eléctrico descentralizada, con participación de los municipios y también la inclusión del sector privado para elevar la calidad del servicio, ya que actualmente el monopolio del sector lo detenta el Estado.
La exposición del instrumento ante los medios de comunicación, este martes, forma parte de la agenda de consulta del Proyecto de Ley Orgánica del Sector Eléctrico, que se espera sea debatido segunda discusión en los próximos días, con la inclusión de las observaciones formuladas a través de la Consulta Pública.