@madeleintlSUR
El Observatorio Venezolano de Prisiones responsabilizó al gobierno de las desapariciones forzadas en la Penitenciaría General de Venezuela, luego de que se hallaran restos humanos pertenecientes a, por lo menos, 14 personas.
“El Estado por mandato constitucional es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. No puede pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos. Se debe investigar responsabilidad de funcionarios. No olvidemos las reiteradas denuncias de graves abusos contra los internos en esa cárcel y en otras del país por parte de funcionarios penitenciarios”, aseguró la ONG en un comunicado.
A continuación, el texto íntegro:
El Observatorio Venezolano de Prisiones organización que tiene como misión, velar que el Estado no vulnere derechos humanos de personas privadas de libertad, desde el pasado jueves 9, venimos realizando seguimiento, sobre el hallazgo de restos humanos, en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) que a la fecha suman 14 según información del Ministerio Público. Queremos destacar que desde el años 2009, acompañamos la denuncia de los familiares del Sr. Francisco Guerrero Larez quien se encontraba recluido en la PGV y fue víctima de desaparición forzada sin que hasta la presente fecha se les haya dado a la familia una adecuada respuesta. Ante tales hechos expresamos:
1.- A través de una Resolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 17 de noviembre de 2009, emitió medidas provisionales a favor del Sr. Guerrero Larez y le requirió al Estado venezolano “que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de Francisco Dionel Guerrero Larez y para proteger su vida e integridad personal”.
2.- El Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control. San Juan de los Morros, el 04 de diciembre de 2009 estableció:
Audiencia Oral Constitucional: en aras de darle eficacia a la acción de Habeas Corpus, ordena al Ministerio Público que se dirija la Investigación Inmediata a objeto de dilucidar el paradero del ciudadano Francisco Dionel Guerrero Larez, debiendo realizar dentro de sus diligencias, entrevista a testigos e inspección dentro de las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela para determinar la veracidad de la denuncia expresada en este acto constitucional.
3.- Cuatro años después la Corte Interamericana de DDHH emitió otra Resolución de fecha 19 de agosto de 2013, en la que resuelve “deplorar que el Estado no haya dado cumplimiento a las presentes medidas provisionales que se adoptaron para determinar la situación y paradero de Francisco Dionel Guerrero Larez y para proteger su vida e integridad personal”.
4.-Ante la falta de voluntad del Estado venezolano de cumplir el mandato de la Corte e investigar la desaparición del señor Francisco Guerrero acompañamos a los familiares para que elevaran el caso ante el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura. En mayo de 2015, el Comité emite su pronunciamiento siendo la primera decisión que adopta sobre la desaparición de presos en cárceles venezolanas.
5.-El Comité Contra la Tortura instó al Estado: (a) que inicie una investigación exhaustiva y efectiva sobre las circunstancias que rodearon la desaparición del Sr. Guerrero Larez en la PGV; (b) que procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas y (c) conceda una indemnización y rehabilitación de conformidad con la Convención al Sr. Guerrero Larez, en caso de estar vivo, y a los familiares. El Comité instó al Estado venezolano a que le informara, en un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de la decisión, sobre las medidas que haya adoptado de conformidad con las anteriores constataciones.
6.- Tal como lo hizo ante las Medidas Provisionales de la Corte, el gobierno venezolano adoptó una absoluta indiferencia ante la decisión del Comité Contra la Tortura. Si en lugar de asumir esa conducta hubiera acatado, las dos decisiones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, muchas vidas se hubiesen salvado, pero prefirió no hacer absolutamente nada.
7.-El OVP viene diciendo desde hace casi 8 años, en diferentes instancias, que se debe buscar al Sr. Guerrero Larez, sin tener hasta el momento una oportuna y adecuada respuesta de parte del Estado. Con los resultados del hallazgo de una fosa común en la PGV queda confirmada nuestra denuncia. Pero es importante destacar que familiares, algunos medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país, teniendo como respuesta la descalificación de los denunciantes y negando que tal situación se presentase.
8.- El Ministerio Público debe investigar la responsabilidad, que por acción o por omisión pudieran tener funcionarios de distinto rango del sector carcelario, de la Guardia Nacional Bolivariana en el asesinato y desaparición forzada de reclusos, así como también la que pudiesen tener algunos presos.
9.- El Estado por mandato constitucional es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. No puede pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos. Se debe investigar responsabilidad de funcionarios. No olvidemos las reiteradas denuncias de graves abusos contra los internos en esa cárcel y en otras del país por parte de funcionarios Penitenciarios. Durante años organizaciones de derechos humanos, familiares e internos vienen denunciando malos tratos, torturas y hasta ejecuciones.
10.- El Estado Venezolano tal como lo estableció el Comité Contra la tortura en el caso del Sr. Guerrero Larez debe indemnizar a los familiares de las víctimas. Garantizar que los familiares puedan dar una sepultura digna a las personas lamentablemente asesinadas.
11.-Exhortamos al Defensor del Pueblo a adoptar una posición firme frente a la grave crisis penitenciaria. Hoy el país está conmovido por la fosa común encontrada en la PGV pero no debemos olvidar que semanalmente hay asesinatos de privados de libertad en cárceles así como retenes policiales sin que el Estado demuestre voluntad de enfrentar estructuralmente esta problemática.
12.-Exigimos a la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios María Iris Varela explique al país la indiferencia que mantuvo durante años ante las reiteradas denuncias de la desaparición de presos en la PGV y las informaciones sobre posible existencia de fosas comunes.
13.- Finalmente, reiteramos una vez más que para avanzar en la lucha contra la violencia y las graves violaciones de derechos humanos en las cárceles del país se requiere cumplir con el mandato constitucional que ordena la descentralización de las cárceles, que sean administradas, por los gobiernos regionales y manejadas por penitenciaritas con credenciales académicas universitarias y se requiere sumar todos los esfuerzos de quienes desde distintas posiciones y actividades pueden aportar para transformar de manera positiva el Sistema Penitenciario Venezolano.