En la ciudad capital detuvieron a encargados de par de panaderías, por emplear las materias primas en productos distintos al pan salado. No obstante, han surgido notorios cuestionamientos sobre la medida, basados en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), referido al derecho de propiedad, y el derecho internacional, reseña El Impulso.
Antonio Canova, abogado mercantil, comparó la situación de las panaderías con el proceso de expropiación de tierras en el campo, ocurrido años atrás, las cuales ahora son improductivas. “Esas panaderías las tomará el gobierno y llegará un momento en el que no funcionen más”.
Explicó que las reglas en el mercado son claras: existe un empresario que oferta su producto y un comprador que decide si adquirir o no éste, con base en sus condiciones y exigencias.
En tal sentido, sostuvo que “el panadero es un empresario que con su dinero, adquirió material para la producción y contrató mano de obra para la elaboración de un producto que luego ofrece al público. El pan es del panadero”.
Al consultarle si sería o no cuestionable que este destine parte de la materia prima a la elaboración de productos distintos al pan salado, expresó que esto es parte del libre comercio.
“No hay materias primas. El trigo lo compran carísimo y también tienen que asumir gastos de salarios y otros. No pueden obligarlos a vender a pérdidas”.
Regulación de precios
Criticó la regulación de precios e indicó que el sector no puede vender un único producto que además reporta número negativos.
A su juicio, detener a encargados o propietarios de panaderías por no vender a pérdidas para luego tomar posesión de las panaderías, ni siquiera puede ser tipificado como “expropiación”. Se trata de un delito grave, que violenta el derecho a la propiedad privada.
Al consultarle su opinión sobre expresiones que refieren que “el pan es del pueblo”, indicó que se trata de una concepción errada, de tintes ideológicos, que ha afectado la mentalidad social.
“El pan es un bien que adquieren las personas, según su disposición. Quien no lo quiere tiene la libertad de comer arepa, casabe o fabricar el pan en su casa. Comprarlo ya elaborado tiene un componente agregado. La comodidad también se paga. No podemos aceptar que se comiencen a violentar los derechos a la propiedad privada, porque hay quienes justifican necesidad. Si es así más adelante una persona obligará a la otra a venderle su carro o su casa, por alegar necesidad y de no aceptar la llevarán prensa”.
Recordó que el sector panadero registra limitante en su materia prima, la harina de trigo, cuya importación está en manos del gobierno, motivado al control cambiario y otras regulaciones.