La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) está por definir la fecha en la que realizará una inspección a Ferrominera Orinoco, en continuación a las investigaciones que se le siguen a irregularidades en el contrato que suscribió la empresa con la compañía americana Triorient y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Así lo informó el diputado del estado Bolívar al Parlamento por Voluntad Popular, Francisco Sucre, quien, además, detalló que el caso lo presentó el pasado 3 de agosto de 2016.
Sucre indicó que la comisión aprobó por unanimidad la denuncia y desde entonces se ha profundizado en el tema.
Explicó que en la estatal del hierro se firmó un convenio, el 25 de abril de 2014, por el entonces presidente de CVG, Carlos Osorio Zambrano y Triorient, en el que se acordó el intercambio de 604.500 toneladas métricas de pellas canadienses, por 1.632.150 toneladas métricas de mineral de hierro, que fueron cotizadas a 86,98 dólares por toneladas métricas.
“Si multiplicas esto, FMO estaba entregando $141.964.407 por el valor del mineral de hierro”, precisó.
Señaló que la irregularidad viene con el monto asignado para las pellas que no fue determinado desde un principio en el contrato.
“En una presentación que hizo FMO se indicó un precio de $170 por tonelada métrica para las pellas canadienses. Como la empresa Triorient se comprometió a entregar 604.500 toneladas métricas, al multiplicarlo por $170 te da el valor de las pellas, que según el contrato era de $102.765.000”, subrayó.
Resaltó que con estos precios “existe una discrepancia entre los $141.964.407 que está entregando FMO, en comparación a los $102.765.000 que está recibiendo por las pellas Triorient”.
Dijo que la diferencia pagada demás por FMO es de $39.159.407 por el mineral de hierro.
Mencionó que el costo precisado por la industria del hierro para la pella “era exagerado”, ya que el indicador Platts que establece el valor mundial de las materias primas, tenía fijado el precio en $104 por toneladas.
“ Ya ahí se demuestra que se infló el precio en el momento que se firmó el contrato ”, sostuvo.
Sucre afirmó que si se le suman los $13 del flete Cánada-Guayana por toneladas al monto estimado del Platts, se debió haber calculado la negociación de la pella a $117, lo que se traduce en un monto de $70.726.500.
Aunque aclaró que esto fue un “trueque”, destacó que FMO entregó $141.964.907 de mineral de hierro y recibió $70.726.500 por las pellas, “ocasionando un daño patrimonial por un monto sobrepagado de $71.237.207 que entregaron de más en mineral de hierro. Esa es la pérdida financiera”.
Estimó que la inspección de la AN se pudiera estar haciendo en el mes de abril y, de comprobarse los hechos, el informe será pasado a la Fiscalía de la República, “donde imaginamos va adormir el sueño de los justos, porque todos los casos de corrupción que investigamos, que son múltiples, no han recibido ningún pronunciamiento por parte de la institución. Pero los casos de corrupción no prescriben”, añadió.
Más casos de corrupción
Para Sucre, el caso de FMO se suma a otra gran cantidad de hechos de corrupción que hay en el parque industrial guayanés, “que han tenido en los últimos años el peor desempeño de su historia en materia de producción”.
Manifestó que “este saqueo que se le ha hecho a las industrias se refleja en el desmejoramiento significativo de la calidad de vida de los trabajadores y desdibuja cada día más la posibilidad de que Guayana sea la alternativa no petrolera de Venezuela”.
A su juicio, la caída de la producción se debe “a la corrupción desatada y a la incompetencia de una casta militar que se ha encargado de la gerencia de estas empresas en los últimos 17 años”.
Recordó que el año pasado la producción de las estatales se ubicó en 15 % y que la que más bajo cerró fue Sidor con 7 % “para ser su peor desempeño desde su fundación”.
A primera discusión
El parlamentario también anunció que la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN, de la cual es miembro, hará la presentación en los próximos meses del proyecto de ley de Recuperación del Parque Industrial de Guayana.
Aclaró que para la normativa ya se hizo el estudio de impacto económico y que está a la espera del informe definitivo, “para presentarlo como iniciativa parlamentaria de la comisión”.
Acotó que próximamente estará informando cuándo esta entrará en primera discusión.