El miembro de la dirección regional de Primero Justicia en el estado Bolívar Braulio Merino, llamó a la sensatez del gobierno “antes de que sea demasiado tarde” frente a la hambruna que se está viviendo en todo el territorio nacional y que a diario cobra la vida de venezolanos como consecuencia de la desnutrición e ingesta de yuca amarga.
Nota de prensa
Merino pidió a Nicolás Maduro, a todo su tren ejecutivo y al Superintendente de Precios Justos (Sundde), William Contreras, dejar de lado la soberbia y el resentimiento y revertir las medidas que han venido adoptando en los últimos cuatro años tendientes a destruir el aparato productivo nacional, único garante de la soberanía alimentaria.
“Se empeñan en controlarlo todo, cantidad y calidad de alimentos que deben ingerir los venezolanos y hasta la frecuencia con la que deben comer. Derrochan el escaso presupuesto de la nación en importar comida que no llega ni a la mitad de los venezolanos, pero que deja suculentas ganancias a quienes están haciendo la transacción”, señaló el dirigente justiciero.
El también economista de profesión calificó como “absurdas” las medidas que se vienen aplicando, desde la prórroga –por sexta oportunidad– del Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción; la negativa a eliminar el control de cambio confirmada por el ministro de Comercio Exterior Jesús Faría; la negativa del gobierno a decretar la emergencia alimentaria, también ratificada por el diputado a la Asamblea Nacional Saúl Ortega; la férrea fiscalización y el establecimiento de sanciones arbitrarias –que incluyen la confiscación y entrega a los Clap–, de las panaderías que no elaboren pan canilla regulado, aun cuando el monopolio de la importación, comercialización y distribución de la harina de trigo está en manos del gobierno; y quizás lo más preocupante, el descarte de aceptar ayuda internacional para superar la escasez de alimentos, medicinas e insumos médico-quirúrgicos que afecta al país, según lo dejaron claro las autoridades en el informe que presentaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en el cual se comprometieron a implementar solo tres de las 274 recomendaciones que recibieron durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, celebrado en noviembre pasado.
“Todas estas medidas que se están adoptando son desproporcionadas. A la gente del gobierno solo le interesa mantenerse en el poder y les importa un pepino si la gente se está muriendo de hambre o está escarbando en la basura para comer sobras que le pueden generar severos problemas de salud”, apuntó.
Para Merino son terribles las cifras que maneja la fundación Cáritas de Venezuela, según las cuales al menos 15% de la población infantil está en riesgo de desnutrición grave, con consecuencias mortales, pues cuando la alimentación y la salud se afectan al mismo tiempo, la mortalidad aumenta exponencialmente. Esto significa que el Estado, quien debe garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la alimentación y a la salud –entre otros–, no está cumpliendo, pues los escasos productos que vienen en las cajas del Clap –que se venden con suerte una vez al mes–, apenas alcanzan para satisfacer la demanda alimentaria de una semana y no contienen el porcentaje proteico que niños y adolescentes necesitan para su normal crecimiento y desarrollo.
“Los más alarmante es que los especialistas de la Fundación Bengoa están advirtiendo que resolver el daño causado por desnutrición, podría tomar hasta una generación”, representada en 20 años. “En lo que va de 2017 han muerto 27 niños de hambre. Solamente en el estado Bolívar han muerto 4 niños menores de un año por efectos de desnutrición”, detalló. “¿Cuántos venezolanos más tienen que morir de desnutrición, de hambre o de enfermedades ocasionadas por la mala alimentación, para que el gobierno entienda que sus políticas económicas fracasaron? ¿Cuántos venezolanos más deben morir por el consumo de yuca amarga, que devoran de manera inocente porque no tienen algo más que echarle al estómago? Este es un gobierno irresponsable, que está cometiendo genocidio”, concluyó.
Gremios y especialistas aseguran que la escasez de alimentos y de medicamentos ya supera 80% y en algunos renglones, en ciertos momentos, ha llegado a ser del 100 %. Esta situación está poniendo en riesgo al menos a cuatro millones de venezolanos, según datos manejados por Feliciano Reyna, de la ONG Acción Solidaria.
