Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, acusó al Estado venezolano de ser “victimario” en el caso de los menores de edad que asesinaron a dos sargentos del Ejército el pasado 19 de marzo en Sabana Grande. “Tenemos un Estado indolente que desprecia la vida, que no cumple con lo que establece la Lopna y permite que estos niños crezcan con la fuerza del delito en la mano”.
Nota de prensa
Explicó que se han multiplicado en los últimos años la situación de niños de la calle que han llegado a conformar bandas y han tomado el control de diversos puntos de la ciudad cuando cae la noche. Destacó que en muchos de estos niños son víctimas del abandono y el desprecio, además de la represión policial. “En lugar de rescatarlos y ponerlos a buen resguardo, vemos como cuerpos de seguridad del Estado persiguen y patean a niños y adolescentes en situación de calle, lo que genera una espiral de violencia que deriva en hechos que demuestran el grave deterioro social en nuestro país”.
Para el jurista, la ley es clara. Es el Ministerio Público, a través de los jueces de menores, el que tiene que ver con la investigación y protección de niños y adolescentes. “¿Existen albergues de menores en estos momentos? ¿Cuáles son las políticas del Estado en materia de protección de niños, niñas y adolescentes?”, se preguntó.
Rechazó que este tipo de delitos, puedan ser atribuidos exclusivamente a la pobreza crítica o la paternidad irresponsable, y recordó que el tema de la problemática de los niños de la calle y su reducción, fue una promesa del fallecido presidente Hugo Chávez, quien prometió quitarse el nombre si no lo resolvía. “Lamentablemente al Presidente de la República fallecido no se le puede quitar el nombre postmortem. Quienes se muestran como guardianes de su legado deberían sentir la vergüenza de que a 20 años de aquella promesa, hoy la situación es mucho peor”.
Exhortó tanto al Ministerio Público como al Ejecutivo nacional, a reflexionar sobre sus funciones y la obligación que tienen de proteger y rescatar a miles de niños venezolanos que deambulan por las calles y que merecen una segunda oportunidad. “Urge investigar por qué el Estado abandonó la Lopna, algo que ha contribuido a que estos niños, junto a los jefes de bandas, armados hasta los dientes y los pranes que tienen todo tipo de privilegios por parte de la Ministra Iris Varela, pasaron a conformar el estado criminal”.
“Lo que ocurrió en Sabana Grande tiene que llamarnos la atención a los venezolanos. El Estado no puede seguir sumergido en la pelea política, ignorando por completo la profunda crisis en la que se encuentra el país porque sencillamente abultan aun más su propio expediente de crímenes de lesa humanidad”, concluyó.