“La sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, adoptada en horas de la noche del pasado miércoles y cuyo punto 4.4 determina que las competencias que originalmente corresponden a la Asamblea Nacional serán asumidas por esa misma Sala, representa una usurpación de autoridad del TSJ y un subterfugio por parte del Régimen, a la vez que legaliza la autocracia en el país”.
Nota de prensa
La advertencia corresponde al legislador del Consejo Legislativo del estado bolivariano de Nueva Esparta, Bower Rosas Avila, quien señaló que “nuestra Constitución bolivariana vigente prevé en sus principios fundamentales que Venezuela constituye un estado democrático de derecho social y justicia. Partiendo de allí, hay que reconocer que los sistemas democráticos se fundamentan en la separación de poderes con autonomías previstas en la misma Carta Magna. En este mismo ámbito, el artículo 136 de nuestra Constitución señala que el poder público se distribuye en 5 ramas :el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano y el electoral ;en ese orden de prelación el primer lugar lo ocupa el poder Legislativo y en consecuencia, no puede el TSJ, con una sentencia inconstitucional, usurpar funciones que están previstas en esa misma letra”.
Agregó el abogado neoespartano que “también el artículo 138 de la Constitución dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos y que el ejercicio del poder acarrea responsabilidades individuales por abuso, desviación o por violación de esa Constitución. Es decir que no puede el Poder Judicial y ninguna de sus Salas eliminar en un “dos por tres” atribuciones que son exclusivas del Legislativo. Además es necesario tener en cuenta que el régimen está haciendo esto para poder crear empresas mixtas sin la autorización de la AN”.
“Sumado a esta circunstancia no puede el TSJ violar el artículo 200 de la Carta Magna que prevé expresamente que los diputados gozarán de inmunidad desde el momento de su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia al mismo. El hecho de que 2 o 3 diputados tengan un procedimiento con base a un mal llamado desacato del TSJ, no puede afectar la inmunidad de todos los Diputados por cuanto este hecho fue posterior a la proclamación en el cargo. Estoy seguro de que esta violación a la inmunidad parlamentaria va a desencadenar una serie de órdenes de detención contra diputados electos por el pueblo”.
Rosas Avila concluyó que “la respuesta de la dirigencia política venezolana ante este desafuero constitucional así como la del Colegio de Abogados, de los gremios, asociaciones de profesionales del país y el pueblo en general debe sobrepasar las simples declaraciones y se tienen que tomar medidas inmediatas por cuanto cada día más, el régimen asume todos los poderes y se vulneran los derechos de democráticos de la ciudadanía y sus instituciones”.