Una de las conclusiones más asombrosas en la dolorosa historia venezolana de los últimos 20 años es descubrir que existen tantos profesionales venezolanos deshonestos, arrastrados, corruptos, especialmente del ámbito legal. Sin estas fichas rastreras y tarifadas, quienes por una buena paga violan todos los estamentos jurídicos, no viviríamos el calvario de ver como se desmorona este país.
Desde hace años, miles de venezolanos venimos denunciando que la democracia en Venezuela se perdió, la Constitución de la República es letra muerta que solo se aplica, a través de triquiñuelas engañosas, en beneficio de la narcorrevolución. Desde el revés propinado al gobierno de turno, el 6 de diciembre de 2015, se computan más de 60 sentencias inconstitucionales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional, partidos políticos y la soberanía popular. Es un claro plan de desmantelamiento y desconocimiento de la decisión del pueblo e imposición de una Dictadura Pura.
DICTADURA-EN-VENEZUELA
Como siempre y a pesar de las grotescas evidencias , había algunos incrédulos que se negaban en creerlo, suponemos que por no aceptar la desgracia que se cernía ante sus ojos. Pero las últimas 2 sentencias dictadas por la Sala Constitucional, en ponencia conjunta (ningún magistrado quiso echarse el camión de tierra solo), ya se consumó el quiebre definitivo del hilo constitucional y el quiebre de la división de poderes.
Por un lado, la Sentencia Nº 155, del 28 de marzo de 2017, declara nulo el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la Carta Democrática, por su supuesta e inexistente injerencia de una autoridad extranjera, reduce a su mínima expresión y prácticamente deja sin efecto la inmunidad parlamentaria por supuesto desacato de la AN e institucionalizando un descarado mecanismo para la persecución política de los diputados de oposición, ordenando a Maduro a declarar el Estado de Excepción, adoptar cualquier medida Internacional con el objetivo de “salvaguardar” el orden constitucional y dictar cualquier medida civil, económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y social. Incluso ordena a Maduro una ilegítima habilitación para legislar en materia penal, lo cual según el artículo 203 de la Constitución es de estricta reserva legal (solo el Parlamento puede legislar en esta materia).
Por su parte Sentencia 156, de fecha 29 de marzo de 2017 interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estableció, que el Ejecutivo Nacional puede constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN y que la Sala Constitucional asumirá competencias del Parlamento mientras dure supuesto desacato decretado en sentencias anteriores.
Frente a este atentado a la democracia y la soberanía nacional, la comunidad internacional no tardó en reaccionar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el viernes 31 de marzo emitió un comunicado en el que afirma, entre otras cosas, que “estas nuevas decisiones constituyen una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación de facto del voto popular mediante el cual fueron elegidos los diputados de la Asamblea Nacional”
También se generó una fractura a lo interno del Chavismo, cuando la Fiscal General de la República hizo pública la denuncia de la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Mientras el irresponsable de Maduro, aseguraba que “en Venezuela la única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional, el 11, 12 y 13 de abril del año 2002, y la avaló el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA de entonces”
Indudablemente, el golpe dado por la sala prostitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra la constitución, no deja lugar a dudas que Venezuela es un estado forajido gobernado al antojo de los narcobandoleros que ponen al país a su servicio y disposición. No hay manera posible que el TSJ pretenda recoger ahora su clara y manifiesta intención de imponer su régimen tiránico, pues las sentencias dictadas por la Sala Constitucional no son revisables ni revocables, y esperamos las acciones de la Fiscalía General de la República al constatar la comisión de delitos contra la soberanía y la seguridad del estado por parte de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Sacan a escena sus mejores actores, les imponen metas y tareas, los hacen famosos por su servilismo, su maldad y los desechan tal como un patético show de talentos maquiavélicos . Ya Gladys Gutiérrez salió con su buena tajada y ahora es el turno de la nueva ficha, por cierto cada cual con mejor curriculum con posgrado en malandrería
Como corredactor de la nuevamente ultrajada constitución de 1999 invoco a todos mis conciudadanos a acogerse a los artículos 333 y 350 que no solo nos facultan a desconocer y enfrentar a las autoridades o regímenes dictatoriales, si no que nos obliga a hacerlo para restituir el orden Constitucional. Éste vulgar golpe a la Asamblea Nacional, tiene que mantenernos unidos a todos los venezolanos que sufragaron o eligieron a todos los diputados el pasado 6 de diciembre del 2015 y que hoy pretenden silenciarnos dando un mortal zarpazo a la democracia en Venezuela.
Lamentablemente, no queda más salida que el control popular de la constitucionalidad ejerciendo presión popular, ofreciendo resistencia y ofensiva frente a quienes pretenden expropiarle el poder originario y la intransferible soberanía popular. Creo que es el momento de desconocer el narcoregimen y se hace más urgente la salida de está narcodictadura. Exigir elecciones libres y plurales, con garantías suficientes de transparencia y observación internacional, es el camino democrático pero si persisten en diferir indefinidamente todas las elecciones, no queda más opción que actuar.
En este sentido, apoyo a la propuesta hecha por el abogado Constitucionalista Carlos Ramírez López en un foro en la ciudad de Miami, en donde expresó, que abolida como está la constitución, los personeros del narcoregimen, (entre ellos Diosdado Cabello Rondón, Nicolás Maduro, Hugo Carvajal Barrios, Pedro Carreño etc etc.), sean juzgados por una ley especial que establezca la pena de muerte y cadena perpetua por los crímenes y abusos cometidos en los años de Revolución.
Termino esta columna parafraseando a Francisco de Miranda el 5 de julio de 1812 al perder el arsenal de Puerto Cabello en manos del enemigo “¡Venezuela está herida en el corazón!”, con la penosa agravante que en esta ocasión el daño causado a la patria, ha sido macabramente orquestada por venezolanos que burlaron la fe y la esperanza de una nueva Venezuela inclusiva y humanista. ¿Habrá peor afrenta que esa? Indudablemente el castigo por tal barbarie debe ser, cuando menos la pena de muerte.
Mi conciencia y el afán de apoyar cualquier salida para lograr que esa banda de malhechores pague por destruir a nuestro país no cesa y sigo con MI PLUMA Y MI PALABRA enfrentando a los narcodictadores y sus atropellos
José Gregorio Briceño Torrealba
El Gato Briceño
Twitter : @jgbricenot