Fue en 1992. Fujimori clausuró el Congreso, evento que inspiró la redacción y firma de la Carta Democrática en 2001. En Venezuela esta semana, un poder del Estado, el ejecutivo, se valió de otro poder, el judicial—instrumento del partido oficialista—para clausurar el tercer poder, el parlamento. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se apropió de la función legislativa con una sentencia. Fue una usurpación, un golpe de Estado.
El hecho fue grave, sin duda, pero no puede ocultar que en realidad ha sido un golpe en cámara lenta. Desde el mismo 6 de diciembre de 2015, cuando la MUDobtuvo una victoria electoral que le entrego mayoría propia, este ha sido el diseño institucional elegido.
Antes que comenzara el nuevo Congreso en enero de 2016, el oficialismo amplió el TSJ con miembros de su propia nomenclatura, a quienes instaló en la Sala Constitucional. A partir de allí, produjo un aluvión de sentencias que en la practica anularon toda capacidad del poder legislativo para legislar.
Aquel ya había sido un golpe, como el de Fujimori, solo que con jueces en lugar de tanques. La pregunta es porqué disolvieron la Asamblea Nacional ahora, si no era estrictamente necesario. Hay hipótesis diversas. Una habla de una respuesta a la presión de la OEA. Otra habla de la reestructuración de deuda de PDVSA y la transferencia de activos, operación de carácter corrupto y que sería inconstitucional sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Léase Putin, Rosnefty CITGO.
Mi hipótesis es la política dentro del oficialismo, dirimir espacios de poder al interior de un gobierno cada vez más fragmentado. Ello por la competencia por los diversos negocios y mercados de ilícitos, lo cual se proyecta en el aparato del Estado. El golpe podría ser entonces una declaración de fuerza para adentro, entre ellos. El afuera ya está perdido.
No obstante, el golpe ha tenido impacto internacional y ha sido útil para ver el nuevo rompecabezas hemisférico. Los votos a favor de la Carta crecen dentro de la OEA, pero no todos con la misma intensidad. Es útil leer las declaraciones oficiales de gobiernos, cancillerías y parlamentos, no siempre coincidentes aún dentro de un mismo país.
En Argentina, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Cambiemos, emitió una declaración más parecida a la del gobierno peruano y la cancillería brasileña—dura con Maduro y dándole crédito a la OEA, esto es—que a los acostumbrados eufemismos de su propia cancillería. La prensa local ya había reclamado que las acciones de la canciller fueran coherentes con las palabras del presidente Macri, siempre un enérgico defensor de los presos políticos venezolanos.
México se apartó de una tradición histórica: opinó sobre otro gobierno. Su cancillería advirtió a Maduro la necesidad de respetar la separación de poderes y la Asamblea Nacional. El Congreso chileno denunció el golpe mientras que su cancillería, tradicionalmente conciliadora con Caracas, llamó a su embajador a consulta. El gesto es concluyente.
La canciller colombiana dijo que no estaba de acuerdo con activar la Carta Democrática para Venezuela, mientras el Senado opinó lo contrario. Eso fue a raíz de la convocatoria de 14 países, luego 20, en la OEA, antes del golpe judicial. No aclaró la canciller, después de la clausura de un poder del Estado por parte de los otros dos, si ello ameritaba la Carta Democrática. Si no se aplica en este caso, cuándo, habría que preguntar en Bogotá.
Ante un renovado consenso en la región y la convocatoria del Secretario General de la OEA a sesión urgente del Consejo Permanente, el TSJ dio marcha atrás en un inciso de la sentencia, la que otorgaba facultades legislativas a la sala constitucional. No hay magia, es un intento de volver al status quo anterior. Si, y cuando, la Asamblea Nacional vuelva a legislar, podrán volver a sentenciar la inconstitucionalidad de lo que no les guste con idéntica discrecionalidad.
Demasiado poco, demasiado tarde. La convocatoria de urgencia de Almagro fue confirmada para el lunes. La evaluación de Venezuela continúa. Los países que convocaron al Consejo Permanente la semana pasada siguen emplazando al gobierno de Maduro a lo mismo: liberar a los presos políticos, presentar un cronograma electoral y respetar la autoridad de la Asamblea Nacional en materia legislativa. Y todo en un plazo razonable. O sea, una pequeña plataforma para una transición democrática.
Maduro deberá comenzar a ceder, no con el remanido truco de un diálogo irreal sino con concesiones tangibles. La alternativa es más de lo mismo: aislamiento, crisis humanitaria y represión. No solo no es democrático, tampoco es sostenible.
@hectorschamis