Aún no existe una visión completa que explique la situación actual del régimen de Nicolás Maduro, tras las dos controvertidas y rechazadas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que anularon la vida institucional de la Asamblea Nacional y pusieron a Venezuela y la región en situación de alarma en los últimos días.
Por Alfonso Molina en Inteligencia Petrolera
Es evidente que la conducta del TSJ intentó satisfacer las necesidades del Ejecutivo venezolano de obtener financiamiento extranjero o multilateral que, como se sabe, requiere la aprobación de la AN. Hoy las reservas internacionales se limitan a diez mil millones de dólares, insuficientes para enfrentar las importaciones de alimentos y medicinas o para pagar los compromisos internacionales de Pdvsa, a punto de vencerse. La conjetura formulada fue que si no existe la AN no habría que pedir permiso a nadie. Pero la cosa no resultó tan elemental.
El viernes 31 de marzo leí un despacho informativo de Reuters firmado por Marianna Párraga, desde Houston, y Corina Pons, desde Caracas, que indicaba: “Venezuela está negociando recibir apoyo financiero de la petrolera rusa Rosneft para cumplir con los pagos de su servicio de deuda en abril, dijeron operadores y una fuente gubernamental”. Es decir, Maduro busca la mano amistosa de Putin, aliado también de Donald Trump y compañero de golf de Rex Tillerson, nuevo secretario de Estado de EEUU y antiguo CEO de ExxonMobil, la empresa que mantiene querella con Venezuela desde hace años. ¿A quién va a complacer Putin? ¿Al presidente venezolano o al de Estados Unidos? Saque usted sus conclusiones.
Otro despacho de Reuters, también del 31 de marzo, esta vez firmado por Alexandra Ulmer, puso el dedo en la alarma de negocios: “…es probable que el engorroso marco legal consiguiente y los reclamos internacionales eleven la ansiedad de las petroleras extranjeras, que ya están nerviosas ante la compra de participaciones en yacimientos petroleros por las tambaleantes finanzas del país y un mayor escrutinio regulatorio a nivel local”. Y continúa: “Esto es un mal presagio para la deprimida economía venezolana, que depende de los envíos de crudo para más de 90% de sus ingresos por exportación, mientras millones de personas sufren por escasez de alimentos y la elevada inflación”. Esa es la realidad.
Lo que en un principio parecía un gesto típico de una autocracia de tradición chavista —al estilo de lo que Alberto Fujimori hizo en el Perú de 1992— ha mostrado rápidamente sus costuras. La indignación en Venezuela cobra fuerza y la reacción de funcionarios y forjadores de opinión de otros países —EEUU, Perú, México, Colombia, Argentina, Brasil, Francia, España, Alemania, entre los que recuerdo— exigieron restituir el Estado de derecho y reversar las sentencias del TSJ. No creo que la CAF acceda —después del escándalo desatado— a otorgar un crédito al gobierno venezolano. Los chinos se han vuelto cautelosos. Los rusos también. El BID, ni se diga.
La “ruptura constitucional” que declaró luego Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, abiertamente oficialista, se reveló como una jugarreta del régimen madurista. Algunos la saludaron de forma positiva, incluso han planteado fisuras dentro del chavismo actual. Pero en el fondo no es más que una treta. Sus declaraciones serían la conveniente expresión ante los ojos del mundo de la supuesta independencia de los poderes públicos y se sabe que no existe tal cosa en Venezuela.
Al cabo de un par de día el TSJ retrocedió en unas declaraciones aún confusas que no logran ocultar la gravedad de este atentado contra la democracia. No había calculado con tino las consecuencias de un acto irresponsable que recibió el rechazo venezolano e internacional.
En este país —miembro fundador de la OPEP— se halla en juego no solo el destino de su democracia sino también la posibilidad de cambiar sus políticas económicas, superar la grave crisis humanitaria que ha lanzado a la diáspora a sus ciudadanos, alcanzar la libertad de 130 presos políticos, restablecer la confianza en sus instituciones y —vaya entuerto— reconstruir Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que fue la segunda empresa productora en el mundo, hoy arruinada por el chavismo y a punto de caer en default.
En otras palabras, la jugada de Maduro y su TSJ falló. En algún momento el régimen de Maduro caerá y los acuerdos ilegales con Rosneft, por poner un ejemplo, que ha ido apropiándose de empresas venezolanas con participación de Pdvsa, serán declarados nulos. Algunas petroleras internacionales se plantean negociar con un hipotético futuro gobierno liderado por la oposición para “legalizar” las compras efectuadas sin la aprobación del Parlamento. Pero la decisión del TSJ no parece aliviar los temores de socios foráneos con estrictas guías legales y de cumplimiento.
“Esto no lo subsana”, dijo a Reuters Francisco Monaldi, experto en política energética latinoamericana del Baker Institute en Houston. “Capaz lo subsana para los rusos, pero yo dudaría que una empresa internacional se atreva a hacer algo aquí. Ciertamente esto puede parar la conformación de nuevas empresas mixtas”, agregó.
Hace unos días escuché al expresidente costarricense Oscar Arias, también Nobel de la Paz, que si en cuestión de 36 horas no había una rebelión ciudadana que altere el curso de lo acontecimientos los venezolanos estaremos condenados a la dictadura. Sonaba muy duro y nadie puede asegurar el futuro.
Así las cosas, el rol de la oposición es fundamental en este contexto. Tiene por delante su gran oportunidad de reconquistar el prestigio perdido en los últimos meses, tras el ‘papelazo’ del diálogo y la desmovilización de los ciudadanos. Esta es la hora de las fuerzas democráticas.