La opositora Asociación de Alcaldes por Venezuela instó hoy a la fiscal general de ese país, Luisa Ortega Díaz, a abrir procesos penales contra quienes, según ellos, han usurpado las facultades de otros poderes públicos, particularmente a los magistrados del Supremo en contra de la Asamblea Nacional (AN).
EFE
El grupo de 80 alcaldes opositores reunidos en la asociación señaló que, aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya dado un paso atrás respecto de las sentencias en las que asumía las funciones de la AN, es una “obligación constitucional” enjuiciar a quienes produjeron la ruptura al hilo constitucional.
“No basta con la declaración pública realizada en la cual señaló la ruptura del orden constitucional”, sostienen los alcaldes en un comunicado.
En el texto, alegan que estos magistrados cometieron delitos tipificados en los artículos 132 y 143 del Código Penal venezolano y resaltan que la Constitución del país caribeño define la forma republicana y la separación de poderes “en un complejo equilibrio de pesos y contrapesos en beneficio del pueblo”.
Los alcaldes opositores expresaron su “más profundo rechazo” a las continuas actuaciones emanadas del máximo tribunal venezolano, mediante las cuales, afirman, ha “violado sistemáticamente” el Estado de Derecho y el orden constitucional en “desconocimiento continuado de la soberanía popular”.
También criticaron que las “sentencias aclaratorias” de la corte son “dos parches” que pretenden “eliminar el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria” y la “grotesca usurpación de funciones” por parte de la Sala Constitucional.
Asimismo, señalan que de esas aclaraciones solo se conocen “escuetos enunciados” publicados en la página web del TSJ.
“La usurpación de funciones continúa intacta por cuanto no fueron eliminados de los textos de las sentencias 155 y 156 la habilitación inconstitucional que la Sala Constitucional le otorgó al presidente de la República para legislar (incluso en materia penal)”, reza el comunicado.
Tampoco, a juicio de los burgomaestres, se eliminó la “potestad” que se “auto-otorgó” la Sala Constitucional para aprobar contratos de interés nacional en materia de hidrocarburos, “competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional”.
La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha anunciado que intentará destituir a los magistrados del Supremo, pese a que este suprimió algunas partes de las dos polémicas sentencias en las que, además, delimitaba la inmunidad parlamentaria.
Los opositores no han explicado cuál es el alcance del acto legislativo contra los magistrados, dado que la Cámara venezolana está en “desacato” desde hace más de un año y sus actos son “nulos” y, por tanto, inválidos.
El Parlamento ya intentó a principios de 2016 la destitución de varios de esos mismos magistrados por considerar que fueron nombrados de forma irregular por el chavismo, pero no logró materializar su salida.