El Presidente de la Representación venezolana al Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Ángel Medina, informó que los diputados de la Unidad que hace mayoría en el organismo regional manifestaron por unanimidad su más profundo rechazó al golpe de Estado contra la Asamblea Nacional a través de las inconstitucionales sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Nota de prensa
“Hemos visto como se consolido el golpe de estado por capítulos que se vienen dando contra la ASamblea Nacional, como se burlaron de la voluntad de mas de 14 millones de venezolanos que nos escogieron para ser el Cambio”, aseveró Medina.
En ese sentido, el parlamentario indicó “por ello, los diputados del Parlatino Venezuela queremos levantar nuestra firme voz de protesta y alertar a todos los parlamentos de nuestra region sobre esta situacion de ruptura del orden constitucional, exigimos la renuncia de estos magistrados e iniciar los procedimientos para su destitución, solicitamos la liberación de todos los presos politicos, la apertura real de un canal humanitaria y un cronograma electoral que permita salir de esta crisis, el Parlatino hace un llamado a todos los venezolanos a luchar por el rescate de la Democracia”.
DECLARACIÓN
En rechazo a la ruptura del orden Constitucional y Democrático, así como a la inaceptable forma de aplicar Justicia en Venezuela Los Diputados miembros del Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano abajo firmantes, hemos acordado aprobar la siguiente declaración, tras los acontecimientos que en los últimos días han conmocionado al pueblo venezolano y al mundo:
Teniendo en cuenta que el 28 y 29 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional dictó las sentencias 155 y 156 respectivamente; la primera de ellas define el límite de la inmunidad parlamentaria de los Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela y le otorga poderes extraordinarios al Presidente de la República, bajo el falso supuesto de evitar un estado de conmoción; asimismo, la segunda sentencia advierte que mientras persista la invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esa sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho, en ambos fallos se evidencia una violación flagrante a la Constitución Nacional y a la voluntad de más de 14.000.000 de venezolanos que eligieron a sus representantes ante la Asamblea Nacional e igualmente un absoluto desconocimiento del modelo de Estado democrático consagrado en nuestra carta magna.
Convencidos estamos que el sistema democrático es una forma de gobierno donde siempre prevalece el respeto a la Constitución, las leyes y los Derechos Humanos fundamentales, es inaceptable que el gobierno promueva a través de dichas sentencias la ruptura del orden constitucional y al día siguiente mediante un escueto comunicado, emitido por el Consejo de Defensa Nacional, -del cual todos los participantes tienen una clara posición en favor del gobierno-, exhorten al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156, con el propósito de mantener la estabilidad constitucional y el supuesto equilibrio de poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, el mismo que el día antes violaron, esta posición agrava más la situación de permanente violación a la constitución y muestra de manera explícita el férreo control del gobierno sobre el resto de los poderes públicos.
Advertimos que el comunicado emitido por el Consejo de Defensa de la Nación en la madrugada del 1 de abril de 2017, evidencia aún más la ruptura del orden constitucional, debido a que procedió fuera de sus competencias establecidas en el artículo 323 de la Constitución, dicho Consejo es únicamente un órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público, por tanto, carece de competencias para pronunciarse en relación con conflicto de poderes y menos aún, exhortar a la Sala Constitucional -que se supone es autónoma frente al gobierno-, para que revise las sentencias 155 y 156, cuando de conformidad a los principios básicos del Derecho interno, las sentencias de tal Sala, no pueden ser revisadas, ni corregidas y mucho menos revocadas por nadie, al haber vencido el plazo previsto para ello.
Por todo lo anterior expuesto DECLARAMOS:
Primero: Expresar nuestro férreo rechazo a la ruptura del orden Constitucional y Democrático continuado, así como a la inaceptable forma de aplicar Justicia en Venezuela, porque el golpe en contra de la democracia no se soluciona al eliminar o suprimir 2 párrafos en unas sentencias, pues existen 46 sentencias que afectan claramente las competencias de la Asamblea Nacional; por tanto, es vital el respeto a la Constitución y sus Leyes en todo momento, no solo en una coyuntura política.
Segundo: Exigir que no se prolongue bajo ningún pretexto la violación permanente del artículo 187 de la Constitución Nacional, donde se otorgan las competencias a la Asamblea Nacional, que entre muchas otras destaca la de “ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional”; demandamos el restablecimiento inmediato de sus funciones sin que el Tribunal Supremo de Justicia continúe usurpe ninguna de ellas.
Tercero: Solicitar la renuncia de los Magistrados de la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o se inicie de forma inmediata el proceso para su destitución, debido a que no han ejercido sus funciones de manera coherente, sino con una evidente sujeción al poder ejecutivo,.
Cuarto: Requerir la inmediata publicación del cronograma electoral, sin argumentos de demora, a causa de procedimientos institucionales que dilatan la obligatoriedad de convocar a elecciones ya.
Quinto: Que se proceda a la liberación de todos los presos políticos que hoy permanecen bajo procedimientos y condenas claramente injustas.
Sexto: Reafirmar al pueblo de Venezuela nuestro fiel compromiso y lucha por restituir la calidad de vida del venezolano, al garantizar la solución pacífica y definitiva de la grave crisis política, económica, social e institucional a la que se nos ha sometido.
Séptimo: agradecer a todos los gobiernos de nuestra región y del mundo, así como a la comunidad internacional en general, por sus oportunos y valiosos pronunciamientos en favor del restablecimiento de la plena vigencia del orden constitucional y democrático en nuestro país.
Octavo: Difundir la presente Declaración a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales y en la página web de nuestro Grupo.
Dada firmada y sellada en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los tres (3) días del mes de abril de dos mil diecisiete, año 206° de la independencia y 158° de la federación.