Este viernes el presidente de Alianza Bravo Pueblo, en el estado Anzoátegui, Francisco Abad, se refirió sobre la reciente inhabilitación política del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, destacando, que “la violación sistemática de la Constitución es una práctica cotidiana del gobierno, arbitrariamente respaldada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.
Nota de Prensa
El abogado Abad, señaló, “basta con leer los artículos: 39°,42° y 65° de la Constitución de la República Boliviana de Venezuela, para darse cuenta que únicamente mediante sentencia judicial definitivamente firme, vale decir; que se hayan agotado todos los recursos posibles contra ella, para que de manera accesoria se puedan restringir los derechos políticos de un ciudadano, que haya sido condenado como se ha explicado, entre ellos el de ser candidato o poder votar, o sea elegir y poder ser elegido”.
De acuerdo con el líder abepista, el Contralor General de la República, solo puede emitir decisiones administrativas; ya que son los jueces los llamados lógicamente a decidir judicialmente. En ese sentido, Abad, afirma enfáticamente que la norma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que faculta al Contralor para inhabilitar a los funcionarios públicos y castrarlos en sus derechos políticos es inconstitucional.
Por tal razón asegura que, “así debería ser entendido y decidido, puesto que el priva el principio de Supremacía Constitucional prescrito en el artículo 7° de la Carta Magna, que coloca a la Constitución por encima jerárquicamente, teniendo todas las leyes que ajustar su contenido al marco constitucional, porque en caso contrario, la norma o los artículos que choquen con la Constitución son nulos de nulidad absoluta, pudiendo cualquier tribunal de la República desaplicarla en atención del control difuso de las leyes o correspondería a una Sala Constitucional verdaderamente idónea, conformada por jueces eficaces y correctos, anular dicha decisión aplicando la facultad que tienen de Control Concentrado que les da la Constitución para impedir que ninguna Ley, acto administrativo o decisión que contradiga la letra de la Constitución”.
El también profesor de derecho, sostiene que el Contralor General de la República se une con esta decisión de inhabilitar a Capriles a la lista negra y de oprobio de los personeros públicos que han violado la Constitución y deben ser sancionados en consecuencia.