El abogado defensor de los DDHH, Rafael Narváez, denunció la violación sistemática de los derechos humanos y alertó que la resolución 008610 emanada del Ministerio de la Defensa que dicta normas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de control del orden público y avalada por la sala político administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, hoy es la luz verde para que todos los cuerpos de seguridad del estado repriman sin límites, sin piedad a todas las manifestaciones pacíficas que hoy día se están realizando en el pais.
Recordó que el TSJ “después de rechazar nuestro recurso donde condenábamos tan grave y violadora de todas las garantías constitucionales, el artículo 22 numeral 7 de dicha resolución es mortal”.
Dicha resolución dice que “Ante una situación de riesgo mortal, el funcionario aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal” .
Advirtió Narváez que “esta resolución viola la Constitución que en el artículo 68 establece que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en manifestaciones pacificas”.
“Hemos observado de primera mano, el uso de armas de fuego, sustancias tóxicas vencidas (gas rojo) y detenciones arbitrarias contra manifestantes ante la mirada complaciente de los poderes públicos y especialmente del Defensor del Pueblo que sigue siendo cómplice por no actuar de oficio como lo obliga la carta Magna en la promoción y protección de los derechos humanos y velar por las garantías constitucionales”, reclamó.
Agregó que a esta represión mortal, “se le suma el estado de excepción permanente que ha establecido e impuesto el estado para ejecutar un plan de trabajo que mutila los derechos fundamentales y que entierra completamente las atribuciones del Código Orgánico Procesal Penal, y no conforme con esta conducta delictiva, las competencias y facultades de la fiscal general de la República desaparecen como el garante de la legalidad, guardián de los juicios justos y el monopolio de la investigación penal”.
Le recordó nuevamente a los cuerpos de seguridad que estos crímenes no prescriben, “la responsabilidad penal es individual y a las Fuerzas Armadas le ratifico que la obediencia es reflexiva y a los poderes público que su omisión también tienen responsabilidad penal”.