Rafael Chavero, abogado del Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, calificó como una medida vergonzosa, desproporcional y barbárica la inhabilitación por de 15 años del mandatario.
Nota de Prensa
“Esta acción es inaudita, porque no está en la Carta Magna ni se ha aplicado en ninguna parte del mundo. Con esta medida solo se pretende afectar los derechos políticos del gobernador. El Contralor no puede, sin justificación, sacarlo de sus aspiraciones”, explicó.
Aseguró que no hubo daño patrimonial alguno y recordó que entre las faltas por las que se tomó la medida figuran aceptar donaciones de parte de las embajadas de Polonia y Gran Bretaña para realizar planes sociales en la entidad mirandina, sin que estas que fueran aprobadas por la Asamblea Nacional.
“Es importante aclarar que la Asamblea Nacional no aprueba donaciones. También es importante señalar que esas ayudas se utilizaron para su fin. Sin duda alguna, ese procedimiento tiene una finalidad, y es que el gobierno quiere buscarle una trampa a uno de los funcionarios más honestos que tiene Venezuela, para inhabilitarlo políticamente. Como no ha habido irregularidad que ameritara sanción, como no hubo acto de corrupción, decidieron aplicar la multa de 40 mil bolívares para activar la pena política que permitiera inhabilitarlo políticamente por un periodo de 15 años”.
Calificó la acción como un “acto de venganza” a un candidato que obtuvo más de 7 millones y medio de votos en las pasadas elecciones presidenciales. “Esta acción solo se ve en los gobiernos dictatoriales que hacen actos vandálicos”.
Asimismo, explicó que la actual Asamblea Nacional revisó la Ley de la Contraloría General de la República e hizo ajustes a la misma, dado que es inconstitucional que el contralor tenga la facultad de aplicar inhabilitaciones sin sentencias firmes a funcionarios que detenten cargos de elección popular. Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no dejó aplicar dichos ajustes.
“Los derechos políticos a ser elegido solo pueden ser afectados, limitados o revocados por una sentencia definitivamente firme, pero nada de eso sucedió. No hay delito, no hay un juicio penal solo una investigación administrativa en la que no se permitieron pruebas a la defensa”.
El abogado precisó que la medida es confusa y por eso el contralor tuvo que aclarar aspectos de la medida que quedaban en entredicho. “El gobernador seguirá en el cargo hasta que transfiera el mandato en elecciones. El Contralor no puede revocar mandatos”.
Chavero dijo que actualmente analizan las estrategias y los recursos de reconsideración que llevarán a cabo para la defensa, no descantando la vía internacional para se haga justicia.