Las ocho personas que estaban a la orden de los Tribunales Militares del estado Lara, detenidas durante la manifestaciones antigubernamentales de la semana pasada en la entidad fueron privadas de su libertad. Seis de ellos serán enviados a la cárcel Militar de Ramo Verde en el estado Miranda, mientras que el resto recibió arresto domiciliario. Así lo reseña El Impulso.
El coordinador regional del Foro Penal, el doctor Pedro Troconis conversó con nuestra colega Lorena Quintanilla, a quien le informó que pese a que la orden es que los seis detenidos sean enviados a la cárcel mirandina, el juez militar ofreció mantenerlos estos primeros 45 días del proceso en el Comando de la GNB ubicado en Alí Primera.
Aunque la defensa de los detenidos espera que el juez cumpla su palabra de mantenerlos aquí en Lara, no descartan de que en cualquier momento sean trasladados hasta Ramo Verde.
“Están bajo presión de las altas esferas del poder, especialmente de la administración de justicia, no nos extrañe que hoy sean trasladados a ramo verde esperemos que hoy cumpla su palabra”, dijo el profesional del Derecho.
La audiencia de las ocho personas detenidas en el Edificio Yupa, diagonal al Comando Regional Número 4, al oeste de Barquisimeto, se extendió hasta pasada la medianoche de este viernes en el Tribunal de Control. Allí el juez militar les imputó los delitos de ultraje a centinela y violaciones de zonas de seguridad.
Según la defensa, éste último delito no tiene argumentos, pues los apresados viven dentro de la zona de seguridad, por lo que consideran que no hubo violación de la misma. Explicó Troconis que tampoco determinaron cuál funcionario o centinela fue supuestamente agredido por estas personas y la manera cómo ocurrió tampoco se dijo.
“Comenzaron a imputarles una serie de hechos que ninguno guardaba relación en sí con los ocho detenidos, no había una explicación de porqué estaba hasta el vigilante del edificio metido en el lote”, aseguró.
Troconis además refirió una irregularidad en el proceso judicial, pues señaló que aunque se trate de un juicio militar, el juez debe regirse por lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. En este caso, el titular del tribunal se retiró a deliberar al menos tres horas y regresó con la decisión, procedimiento que no está establecido en la normativa legal.
Los otros dos detenidos fueron confinados a su residencia, entre ellos el vigilante del edificill. La defensa solo espera que el juez cumpla con el ofrecimiento de mantener a los otros seis detenidos en Alí Primera.