La diputada Melva Paredes, presidenta de la comisión de administración y servicios de la Asamblea Nacional se refirió a otro elemento que refirió no se debe pasar por alto en cuanto al funcionamiento del estado venezolano, específicamente la situación de la procuraduría general de la república que no solo carece de legitimidad, sino que tampoco se pronuncia sobre la ruptura del hilo constitucional en el país, contribuyendo al velo e irrespeto al estado de derecho en el país.
Nota de prensa
Asimismo, el funcionario incumple su rol de vigilar el cumplimiento de la ley por parte del gobierno, dictaminar sobre cuestiones internacionales que rocen la soberanía nacional, y promover los intereses de la nación, “pero sin duda estamos presentes frente a otro operador político que pretende ocultar todos los males que atraviesa Venezuela, como lo hace el Sr Reinaldo Muñoz.”
La parlamentaria Paredes explicó sobre la usurpación de ese cargo que en su momento “ si la señora Cilia Flores lo hubiera delegado al dejar la procuraduría tendría conexión su vigencia en ese puesto, pero ese señor (Muñoz) fue delegado por el delegado de la señora Cilia Flores”.
De hecho, la bancada de la unidad acordó el año pasado notificar “a todos los organismos internacionales” que Muñoz “está usurpando funciones y en consecuencia ningún documento que suscriba tendrá algún tipo de validez legal, por lo que allí de igual modo existe una debilidad institucional enorme sobre la representación jurídica de la república, por lo que por donde se le mire el ejecutivo venezolano es una estafa publica.”
Finalmente la legisladora recalcó que Venezuela presentó su Examen Periódico Universal en Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU culminando el 2016. En esa oportunidad tomaron la palabra varios funcionarios del Estado en nombre del gobierno de Nicolás Maduro. Uno de ellos fue el Procurador General encargado, Reinaldo Muñoz, cuya primera mentira –de acuerdo a la investigación de la Asamblea Nacional- es haber hablado como Procurador pese a que no cumple los requisitos establecidos en la Constitución para ejercer el cargo, además de no haber sido designado por el presidente Nicolás Maduro ni haber sido ratificado por el Parlamento.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en su artículo 4 que “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación, los Estados podrán adoptar disposiciones que suspendan las obligaciones contraídas en virtud del Pacto y no entrañen discriminación alguna”. El artículo precisa los derechos que no pueden ser suspendidos (a la vida, a no ser torturado, a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre, a no ser encarcelado por no poder cumplir un contrato, a no ser condenado por actos que al momento de cometerlos no fueran delitos, al reconocimiento de la personalidad jurídica y derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión).
El Procurador sin embargo no señaló que Venezuela incumplió el artículo 4 del Pacto en su último párrafo que señala: “Todo Estado que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión”. Hasta el momento en que el Procurador se sentó a hablar ante el Consejo, ni esa instancia ni la ONU ni el Secretario General ni los demás miembros del pacto habían sido notificados por el gobierno venezolano sobre las graves violaciones a los DDHH que en ese momento y aún hoy se generan en el territorio nacional, “lo cual lo hace cómplice de la burda represión y ruptura del hilo constitucional que existe en Venezuela.”