Los que fuimos electos constituyentistas o corredactores de la constitución nacional de 1999 sabemos que el artículo 42 de dicha constitución es claro y contundente. Cito un extracto: El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. Fin de la cita. Obviamente, cuando la Constitución habla de sentencia firme se refiere a la decisión adoptada por la última instancia judicial que en el caso venezolano, es el Tribunal Supremo de Justicia encargado de revisar las decisiones adoptadas en instancias inferiores en las que se debe buscar la verdad y, especialmente, conceder el derecho a la defensa de los implicados.
Sin embargo, los tramposos magos jurídicos que hemos tenido como titulares en la Contraloría General de la República (C.G.R) han interpretado la Ley Orgánica de la Contraloría, específicamente su artículo 105 a conveniencia del régimen. Según este artículo 105, el Contralor puede: sin que medie ningún otro procedimiento, acordar… la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de 24 meses o la destitución del declarado responsable, cuya ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer… su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años, en cuyo caso deberá remitir la información pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites pertinentes.
Para cualquier estudiante de derecho, es evidente que el artículo anterior alude exclusivamente a la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de funcionarios de carrera o de libre nombramiento o remoción, pero nunca a funcionarios de elección popular, porque la elección popular es un derecho político previsto en la Constitución, como el derecho de todo ciudadano de elegir y ser elegido. Por lo tanto, solo mediante una sentencia firme, de conformidad con el antes citado artículo 42 de la Carta Magna, puede ser suspendido.
Claro está que para los malhechores que manejan el poder de la fuerza y la represión institucional, esta norma se interpreta al antojo incondicional de la narcodictadura, pues amparándose en esta pésima interpretación jurídica, buscan sacar del escenario político a cuánto ciudadano aspire ser su rival en una posible contienda política. Lo hicieron con Leopoldo López, ahora con Henrique Capriles y lo seguirán haciendo contra cualquier otro que sea molesto a los fines de la narcorrevolución.
En este punto, es propicio destacar que el actual Contralor General de la República, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, trabajó también en la Asamblea Nacional y en la Procuraduría General de la República, como empleado de confianza de la Primera Dama, Doña Cilia Flores. Por su parte, el Sub-contralor José Javier Morales fue una pieza fundamental de la Revolución, alcahueteando la intromisión de los cubanos en todo el sistema de identificación de nuestra patria, inició funciones como Director de Extranjería, encargado del masivo proceso de “regularización” de extranjeros del 2004 y sucedió en 2007 a Hugo Cabezas (su amigo de la Universidad) en la Dirección General de la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX). También dirigió la Fundación Identidad que firmó con Cuba un contrato por más de $170 millones para la nueva cédula de identidad. Finalmente, llegó a la Asamblea Nacional como diputado del PSUV por el estado Trujillo de donde sale proyectado por su lealtad al régimen pero la falta de apoyo popular, a su actual cargo en la Contraloría General de la República.
Es decir, ambos, Contralor y Sub-Contralor General de la República son vulgares representantes del Cartel de los Flores que dominan el negocio de la droga a nivel mundial y si lo dudan, preguntémosle a los narcosobrinos o ha Diosdado Cabello Rondón. Ahora el Cartel de los Flores le teme tanto a Diosdado Cabello, jefe del Cartel de los Soles a quien he enfrentado abiertamente, ordenó a la Contraloría General de la República a inhabilitarme, lo cual lograron haciendo de nuevo magia jurídica, violando aún más el ordenamiento jurídico pues me convertí en el único político venezolano, hasta el día de hoy, que ha sido inhabilitado sin indicar la duración de dicha inhabilitación, o sea, que pudiera ser por 100 años o de por vida, a pesar que la Ley Orgánica de la Contraloría establece como pena máxima 15 años.
Reconocidos juristas de mi patria han manifestado que las inhabilitaciones no sólo violan la constitución sino diversos tratados de derechos humanos incluyendo la Carta Democrática Interamericana. Así lo estableció, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2009 cuando demandó a Venezuela ante la Corte tras determinar que los derechos de Leopoldo López fueron violados cuando fue inhabilitado por una autoridad administrativa como candidato cuando aspiraba a la Alcaldía Mayor de Caracas; al respecto señaló: “El Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecida en el artículo 2, en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, el derecho a las garantías judiciales y el derecho a ser elegido”.
Entonces, le pregunto a mi ex amigo Tarek William Saab… ¿tampoco eso es, en tu criterio, una violación de los derechos políticos y humanos? ¿La suspensión de las elecciones, la ilegalización de los partidos políticos y las inhabilitaciones, no son una ruptura del orden constitucional o golpe de estado? Por allí anda Maduro ofreciendo elecciones luego de ver las calles llenas de gentes pidiendo que se vayan , que dejen a Venezuela progresar. Es el Poder Ejecutivo el que aprueba o desaprueba elecciones, descarados. Diga Defensor del Puesto, para los colectivos o brazo paramilitar del narcogobierno no quedan unas bombas vencidas, unos cuantos perdigones o una celda grande en el SEBIN ? Esos perros rabiosos del régimen son lanzados a la calle, armados hasta los dientes para el juego macabro de la confusión, de la guerra civil, del robo a comerciantes honestos.
Ya no engañan, pedimos represión y gas del bueno, del rojo para ellos también.
Les digo a todos los perseguidos políticos e inhabilitados que en los próximos días, al caer la Narcodictadura, serán restituidos nuestros derechos y en ese momento, debemos poner lo mejor de nosotros para la reconstrucción de la patria libre y democrática. En mi plan de acción está buscar a los capos de la mafia, no por venganza sino por JUSTICIA, y entregarlos (así tengamos que enmendar la Constitución) a las autoridades internacionales correspondientes para que tengan el castigo propio de los criminales de lesa humanidad.
Mi propuesta de enmienda la consigné ante la Asamblea Nacional a finales del año pasado, es hora de que sea tomada en consideración. Por un país libre, soberano, democrático y de justicia, seguré dando la pelea con lo único que me queda en este momento MI PLUMA y MI PALABRA.
José Gregorio Briceño Torrealba
¨El Gato* Briceño
Twitter : @josegbricenot
Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2017/04/magos-juridicos-rufianes-de-la-ley.html