La abogada y profesora universitaria Luisana Bermúdez se refirió a algunos hechos que involucran el comportamiento del sistema jurídico venezolano en los últimos meses, destacando que “lo que hemos presenciado en Venezuela no es un accidente reciente ni un acontecimiento aislado. A lo largo de los años, el chavismo ha actuado de forma persistente y deliberada para debilitar los mecanismos de control y avasallar los derechos fundamentales de sus ciudadanos”.
Nota de prensa
Por ejemplo recalcó la miembro del colegio de abogados de Aragua, sobre la estrategia de fijación de fianzas para retrasar la liberación de presos políticos “Fianza es igual a privativa. Es una estrategia judicial macabra”. “Aunque el Ministerio Público viene solicitando medidas sustitutivas de libertad para los detenidos en las manifestaciones de abril de 2017, varios jueces han optado por pedir fiadores con el fin de retrasar la liberación de los detenidos”, dijo.
Bermúdez definió que “con esta maniobra se viola el derecho a la libertad personal, ya que el MP -que es el órgano que imputa al ciudadano-, solicitó la medida sustitutiva al juez y estos, aunque han aceptado la medida, han añadido la constitución de fianza lo cual resulta en que las personas se mantengan presas”.
Otro caso particular fue el del domingo 9 de abril, la Fiscalía solicitó la libertad plena para los ciudadanos que aprehendieron en Maracay luego de una marcha. No obstante, el tribunal segundo de control de la circunscripción del estado Aragua, ordenó la privativa de libertad. “Es decir, incurrió en lo que en derecho se conoce como “extra petita” porque el MP solicitó la libertad plena para esos ciudadanos y él decidió otra cosa”, describe Bermúdez
La también activista social y política finalizó señalando que los Poderes Públicos en Venezuela deben ser independientes, pero el poder Judicial no lo es, por el contrario es una especie de caja negra llena de infamias, todos los magistrados firmantes del Golpe de Estado tienen relación con el chavismo y hasta han sido militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“La Constitución venezolana en su artículo 263, y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) en su artículo 37 establecen los requisitos que deben cumplir los magistrados para formar parte del TSJ; sin embargo de los siete de la sala constitucional, cuatro no cumplen los requisitos, sobre dos de ellos hay dudas claras sobre sus perfiles, y su accionar se convirtió en una mera actividad protectora de todo tipo de desmanes jurídicos y políticos”.