La milicia obrera, presente en las empresas del Estado, ministerios, gobernaciones y alcaldías, tiene la instrucción del PSUV de obligar al personal de los organismos a asistir a la movilización convocada por el oficialismo el 19 de abril. “Empleados de Pdvsa y de las empresas básicas denunciaron el acoso de los milicianos en sus sitios de labor”, señaló Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, publica El Nacional.
Por ANA DÍAZ | [email protected]
El representante del Fadess destacó que el gobierno de Nicolás Maduro, el cual perdió la calle y el respaldo de la población por su mala política económica y laboral, quiere asegurarse, a la fuerza, la presencia de muchas personas al acto oficialista para contrarrestar la asistencia masiva de ciudadanos pautada en la movilización opositora.
“El gobierno está reafirmando el aparato de persecución en el sector público que emplea 3 millones de trabajadores y, a través de la activación de las milicias, quiere asegurarse la presencia del mayor número de funcionarios y obreros”, afirmó.
Barrios precisó que el PSUV, los milicianos, los jefes y los directores de los organismos profundizaron ayer sus acciones coordinadas para presionar a los trabajadores del sector público, en lo cual les advierten que si faltan al acto proselitista serán incluidos en una “lista negra” para su despido inmediato.
“El terrorismo laboral llega al extremo de amenazar al empleado que sea descubierto asistiendo a la marcha opositora, con la acusación de traición a la patria además de quitarle el empleo”, indicó Barrios. Deploró que la oficialista Central Bolivariana Socialista de Trabajadores aúpa estas acciones antiobreras contra los trabajadores.
“Los directivos de esa central forman parte de la milicia obrera con los rangos de sargento y segundo teniente. Han asegurado que hay 400.000 milicianos insertados en los centros de trabajo del sector público y privado, consejos comunales, comunas, misiones del gobierno y colectivos para reforzar la revolución”, manifestó.
Funcionarios públicos que pidieron no mencionar sus nombres indicaron que en las últimas marchas los organizadores pasan asistencia en el punto de partida y en el destino final para evitar que los empleados se escapen de la ruta impuesta para la caminata.
“Los reposos médicos ya no los aceptan. Tienes que ir o si no te botan”, dijo una funcionaria, de un ministerio, que padece una lesión en la rodilla y por orden médica no debe forzar la pierna con esfuerzos físicos excesivos. Relató que su superior siempre le aceptó el justificativo, pero “me dijo que para el 19 de abril no podía exceptuarme porque a él también lo estaban presionando”.
Otro empleado de un instituto autónomo expresó: “Un accidente de tránsito me dejó discapacitado y en el trabajo me eximían de participar en los actos del gobierno. Ahora mi jefe me exige que no falte el miércoles. Andar en silla de ruedas no lo conmovió lo más mínimo”.
Una empleada reveló que por la presión continua para acudir a los actos políticos gubernamentales está ahora bajo tratamiento psicológico, lo cual no impide que “el jefe siga insistiendo en que tengo que marchar”.
La Cifra
3 millones de personas laboran en el sector público, un número significativo para abultar las marchas convocadas por el gobierno, reveló Froilán Barrios
Inparques niega reincorporaciones
El Instituto Nacional de Parques hace caso omiso a las órdenes de reenganche en sus puestos, con el pago de los salarios caídos, emitidas por la Inspectoría del Trabajo a favor de 37 trabajadores despedidos injustamente por el organismo, alertó José Matute, directivo del sindicato.
“La nefasta gestión de directivos pertenecientes al Frente Francisco de Miranda, en Inparques, representó una ola de atropellos y violaciones de los derechos de los trabajadores. Ahora designaron un nuevo presidente del que se espera corrija los errores y reinserte a los despedidos”, dijo Matute.
Agregó que la lista original de expulsados es de 200 trabajadores, pero muchos de ellos fueron forzados por las autoridades del instituto a renunciar y/o negociar su salida. Entre los afectados hay madres trabajadoras y funcionarios con inamovilidad por el fuero paternal.