Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, condenó la puesta en marcha del denominado Plan Zamora, por considerar que es un “Plan Ávila disfrazado” cuya aplicación es contrario a los principios establecidos en la Constitución. “El Plan Zamora está apoyado en una Constitución que el pueblo no conoce y que no fue aprobada en el año 1999, porque se violentan todos los derechos de los ciudadanos así como las garantías constitucionales”.
Nota de Prensa
Advirtió que este es un esquema bélico basado en una constitución de bolsillo “distorsionada” que le permite al Estado, “reprimir sin límites”, detener en forma arbitraria y encarcelar mediante la combinación de cuerpos de seguridad con algunos jueces de control, quienes prácticamente no respetan el debido proceso. “Todo esto es parte de una Constitución ilegal, que profana los Derechos Humanos, los derechos civiles y políticos y para colmo, violenta los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos como el Estatuto de Roma”.
Destacó que es de extrema gravedad que el componente militar que sigue las instrucciones bajo este plan, “pareciera estar adiestrado mentalmente para ir contra la disidencia o cualquier ciudadano que exprese diferencias con el actual régimen que está imperando en Venezuela”, mientras que por otra parte, pretenden llevar todo a la justicia militar, pasando por encima de lo que es el juez natural y la jurisdicción ordinaria que establece el marco legal vigente.
Rechazó la participación del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, mejor conocido como Conas, en algunas parroquias de Caracas reprimiendo a los manifestantes, por considerar que sus integrantes están preparados con el poder de fuego para eliminar objetivos. “Esto coloca en un enorme grado de oscuridad y tiniebla a los derechos civiles y políticos, ante la ausencia del accionar de los poderes públicos”.
Calificó además como un, “acto de cobardía” que el actual ministro de relaciones, justicia y paz, Néstor Reverol, no haya aplicado hasta el momento la Ley del desarme y el control de armas y municiones en contra de grupos presuntamente denominados como colectivos, ley que fuera aprobada por el propio oficialismo cuando eran mayoría en la Asamblea Nacional.
“Hoy vemos las consecuencias de tener una Policía Nacional Bolivariana que no está formada y que solo es un reciclaje de mucha gente con antecedentes poco claros y lo más triste, un Ministerio Público en minusvalía, amenazado y con mucho temor de realizar las actuaciones que por ley le corresponden”, puntualizó.
En cuanto a los fallecidos por las protestas en las últimas semanas en el país, hizo un llamado de alerta a sus familiares para que hagan especial énfasis en colectar y mantener las evidencias de cada caso para la sustanciación de los expedientes respectivos. “Aunque no hay justicia en Venezuela, estos crímenes de lesa humanidad y las torturas, tratos crueles e inhumanos que no prescriben, si tienen justicia internacional y aunque sea un camino largo, los responsables serán juzgados como corresponde”.
Bloqueo informativo gubernamental
Rafael Narváez consideró como un hecho positivo que a pesar de que los sistemas radioeléctricos más importantes en Venezuela, “no transmiten nada de lo que está pasando, el pueblo se las ha ingeniado para hacer videos caseros donde se ve con horror, las golpizas tanto de policías bolivarianos como de Guardias nacionales en contra de los manifestantes”.
Sobre la actuación del Defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que es “vergonzoso” el nivel de sumisión ante el Gobierno central. “Este señor, luego de ser activista por los Derechos Humanos, hoy mira para otro lado. La historia lo juzgará por convalidar este plan represivo en pleno desarrollo”.