Para el dirigente del partido Voluntad Popular en Carabobo, Salvatore Lucchese, el uso de la fuerza por parte de los órganos de seguridad del Estado venezolano han estado alejados de los protocolos y procedimientos apropiados para el control de manifestaciones, pues los distintos componentes de seguridad han actuado violentamente en momentos cuando el accionar de la población civil ha sido pacífico, situación que, más temprano que tarde, traerá sanciones penales por significar la violación de derechos humanos consagrados en tratados internacionales suscritos por Venezuela y en las leyes de nuestro país.
Nota de prensa
Para Lucchese, ante Venezuela y el mundo ha quedado demostrado, a través de imágenes que han recorrido las redes y el internet, que instituciones como la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y algunas policías estadales y municipales, han actuado cruelmente en contra de personas o grupos de personas, haciendo un uso desmedido de la fuerza en contra de personas desarmadas y que no representaban ningún tipo de amenaza para la seguridad o el orden público.
“Todo el mundo vio las imágenes estas que se volvieron viral, donde un joven desnudo -sólo conteniendo una Biblia en su mano- caminó con su delgadez hacia un piquete de la PNB y cuál fue el resultado, que estos policías dispararon sus perdigones al joven, cuando la Ley Orgánica del servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana establece en su artículo 68 que el uso de la fuerza debe hacerse en forma progresiva en función de la resistencia y la oposición del ciudadano o ciudadanía”.
El dirigente de VP añade que con esto se estaría violando además el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se refiere a los tratos crueles, inhumanos y degradantes. “Y este es apenas uno de los miles de casos que hemos observado en estas manifestaciones donde nada más en el mes de abril se superó la treintena de fallecidos por el accionar de los cuerpos de seguridad de la nación”.
Insiste Lucchese en que el empleo de la fuerza debe estar orientado a que los funcionarios mantengan el menor nivel en el uso de la violencia que le sea posible y nunca hacer daño físico innecesario, ni maltratos morales a las personas que manifiestan.
“La misma Ley de Policía Nacional establece que el nivel en el uso de la fuerza debe aplicarse dependiendo de la conducta de las personas y no por la predisposición del funcionario o funcionaria, así que si un grupo de personas está caminando con la idea de llegar a un punto para entregar un documento, o hacer un reclamo en algún organismo público, los funcionarios no deben presuponer que habrá hechos violentos y comenzar a disparar bombas lacrimógenas, o perdigones, generando el mismo la violencia y causando daño físico a personas que sólo tenían intensión de ser oídos por un gobierno que se hace oídos sordos a las exigencia de los venezolanos”.
Aseguró que los casos que se han registrado por las diferentes redes sociales de abusos en la represión de manifestaciones, así como la utilización de colectivos de mercenarios que actúan bajo la égida del oficialismo, están siendo sometidos a una verificación exhaustiva, para conformar un expediente que será llevado a diferentes instancias, nacionales e internacionales, a fin de que las violaciones a los derechos humanos no queden impunes.
“Los ojos del mundo están sobre el gobierno de Maduro, así como también sobre las acciones de los organismos de seguridad del Estado que han actuado como guardia pretoriana al servicio del régimen, para intentar sostener este desastre que se ha denominado Socialismo del Siglo XXI, y que pronto tendrá que rendir cuentas ante la justicia por los terribles desmanes a los que han sometido a un pueblo tan noble como el venezolano”.