Las asambleas nacionales constituyentes (ANC) son convocadas por los movimientos revolucionarios o los partidos victoriosos, luego de períodos de confrontación con el orden establecido, en los que las fuerzas triunfantes demuestran que los sectores políticos derrotados debían ser sustituidos por una fuerza renovadora y novedosa. Luego el movimiento emergente, mediante un nuevo texto constitucional aprobado por la mayoría, legaliza e institucionaliza el modelo de Estado y sociedad planteado por esa fuerza de cambio. Así ocurrió con Hugo Chávez cuya consigna fundamental en la campaña de 1998 había sido la convocatoria a la Constituyente originaria para “refundar la República”. Esa fórmula gaseosa, además de peligrosa, logró cautivar la mayoría de los electores en aquellos comicios.
Nicolás Maduro, siempre extraviado y caprichoso, intenta convocar una ANC comunal, sin convocar el referendo consultivo correspondiente, en el ápice de su período constitucional (las elecciones presidenciales deben efectuarse el año entrante) y en el ocaso del proyecto político que ha defendido con pasión (el socialismo del siglo XXI). Su llamado se produce en la fase de mayor impopularidad interna y de más alto grado de aislamiento y desprestigio internacional. No puede ocultar que se trata del recurso desesperado de un gobernante fracasado, acorralado por los millones de ciudadanos que le reclaman sus errores y desmanes.
Su iniciativa constituye la respuesta a la proposición de las elecciones generales adelantadas, planteada por la MUD luego de iniciarse el ciclo de movilizaciones y protestas iniciada el 1 de abril. Frente a las críticas de la oposición en el sentido de que la ANC convocada por Maduro es inconstitucional, el oficialismo responde que, de igual manera, las elecciones adelantadas tampoco aparecen en la Carta del 99. Aunque es cierto que ninguna de las dos fórmulas se encuentran en la CRBV, la clave del asunto reside en que el epicentro de los problemas nacionales se halla en el Ejecutivo y en Maduro, su jefe. La resolución constitucional a este nudo crítico era el referendo revocatorio, que sí aparece en la Carta Magna. Ese derecho les fue arrebatado en 2016 a los venezolanos. Hoy estamos viendo las consecuencias de ese despojo.
El fin de la Constituyente madurista consiste en eludir los comicios presidenciales de 2018, eternizar en el poder a su anillo íntimo, representante de una minoría exigua, e imponer un esquema de Estado y sociedad piramidales en los cuales desaparece el Estado de Derecho, tal como se entiende en las sociedades democráticas, abiertas, y se implanta el “derecho revolucionario”, es decir, la arbitrariedad y el atropello por parte de una élite burocrática afincada en el control de la institución militar y de todos los órganos del poder público. Con la Constituyente de Maduro, las Fuerzas Armadas tendrían mayor discrecionalidad y privilegios que en la actualidad, los grupos paramilitares actuarían con más impunidad, la sociedad estaría más militarizada, la Fiscalía General desaparecería, el Banco Central sería aún más dependiente de las directrices del Gobierno, la propiedad privada estaría todavía más asfixiada, Pdvsa y la industria petrolera serían más controladas por el Ejecutivo, sin que ninguna institución independiente pueda supervisarlas, los derechos de las minorías (en realidad, de las mayorías) serían más frágiles, los partidos políticos y organizaciones autónomas de la sociedad civil quedarían bajo el arbitrio de la burocracia estatal o quedarían abolidas.
La constituyente comunal de Maduro sería un paso gigantesco hacia el comunismo en medio de un ambiente donde el comunismo ha sido rechazado por la amplia mayoría de los venezolanos. Por esas y muchas otras razones, esa constituyente no puede admitirse. Hay que enfrentarla y derrotarla.
El régimen se encuentra frente a la opción de avanzar desconociendo la opinión mayoritaria, las protestas e imponer a rajatabla la arbitrariedad. El costo de su autoritarismo será muy alto. El país se le hará ingobernable. Los venezolanos no estamos dispuestos a que se implante una autocracia comunista afincándose en el poder de las bayonetas. Si no acepta rectificar y descartar el entuerto ya, el madurismo cuenta todavía con la opción de consultar la opinión de los electores acerca de si quieren o no convocar la ANC. Allí está el referendo consultivo previsto en la CRBV. Sería una oportunidad para someterse al arbitrio de la gente y salir vencido por la mayoría del pueblo, tal como deben ocurrir las derrotas en una democracia directa y, también, participativa.
Las rectoras del CNE deberían tomar el ejemplo de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, quien se ha negado a convalidar durante los últimos tiempos las violaciones a la Constitución. Obligar al gobierno a realizar el referendo consultivo, de paso, le tendería una tabla de salvación al régimen.
@trinomarquezc